La petición de perdón de Lesmes ahonda la crisis del Supremo

La petición de perdón del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes,Carlos Lesmes y su confesión de sus conversaciones con el presidente de la Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo, pretendían infundir tranquilidad a la ciudadanía sobre el buen hacer del alto tribunal, pero dentro de la casa no han hecho más que ahondar en la crisis, porque muchos de sus magistrados entienden que se ha extralimitado en sus funciones.

Fuentes jurídicas explican a EL PERIÓDICO que la función del presidente del Supremo es gubernativa y en ningún caso le confiere la capacidad de interferir en forma alguna en una decisión jurisdiccional, como parece desprenderse de su petición a Díez-Picazo de que redactase una nota aclaratoria de la sentencia que fijó que los impuestos de los actos jurídicos documentales de las hipotecas deben pagarlos la banca y no los clientes.

Dichas fuentes sostienen que los únicos que pueden aclarar una sentencia son los magistrados que la han dictado, que en este caso fueron los seis que componen la Sección Segunda de la Sala Tercera, especializada en Derecho Tributario. Nunca puede ser aclarada una sentencia por el presidente de una Sala, o del mismísimo Supremo, si no han participado en las deliberaciones celebradas para dictarla, aunque su objetivo fuera frenar la incertidumbre suscitada por la resolución. "Las sentencias solo las puede aclarar un tribunal a instancias de las partes mediante un auto aclaratorio", precisan.

Puertas cerradas

Por eso, su declaración pública, lejos de apaciguar los ánimos de los magistrados que deberán decidir en el pleno del día 5 de noviembre qué hacer con estos impuestos, ha empozoñado aún más un debate que se augura muy complicado.

"Ahora hay puertas, que siempre habían estado abiertas, cerradas. Silencio. La gente está conmocionada. Se pregunta cómo nos ha podido pasar esto. El golpe ha sido brutal", describe un magistrado de la Sala Tercera del Supremo el ambiente que se vive en el alto tribunal tras la polémica suscitada por una gestión tan "deficiente", en palabras del propio Lesmes.

La próxima semana los 31 magistrados que componen la Sala de lo Contencioso-Administrativo (los dos últimos nombrados por el Consejo General del Poder Judicial no participarán, al no haber tomado todavía posesión) estudiarán qué hacer con un objetivo claro: "Hacer lo más correcto y lo que haga menos daño". Las fuentes consultadas insisten en que todas las opciones son posibles, porque hay distintos pareceres. 

Está quien, antes de que comiencen las deliberaciones, tiene previsto plantear que Díez-Picazo no puede avocar al pleno recursos pendientes, después de que la Sección Segunda ya se hubiera pronunciado en nada menos que tres sentencias. Podía haberlo hecho cuando firmó la admisión a trámite del recurso que las motivó, pero nunca después de celebrarse una vista pública, en la que solo participaron los especialistas en tributario, y, lo que es más grave, una vez conocido el fallo. 

El principal problema de esta opción, que devolvería los recursos pendientes a las secciones respectivas, es que supone prolongar la incertidumbre sobre este impuesto, cuando ya muchos magistrados creen que haber postergado su resolución al 5 de noviembre ha sido otro error, sobre todo, cuando la Federación de Asociaciones Inmobiliarias estima que hay más de 8.000 operaciones hipotecarias paralizadas en toda España a la espera del pronunciamiento definitivo. 

En cuanto al fondo del asunto también hay división, según las fuentes consultadas, porque hay partidarios de retornar a las situación anterior, pero también los hay de mantener el último criterio establecido delimitando desde qué momento concreto, que puede ser de ahora en adelante o para las hipotecas suscritas en los últimos cuatro años o que aún estén vivas.

Mientras tanto, las críticas a la actuación del Supremo no cesan. El Consejo de la Abogacía Catalana tacha de "arbitraria", "anómala" y generadora de "inseguridad jurídica" la decisión de llevar al pleno un asunto ya zanjado en sentencias y más por la "supuesta repercusión económica y social de una resolución judicial".