Sentencia hipotecas

El pueblo madrileño que ha puesto en jaque a la banca española

La sentencia del Supremo responde a un pleito entre Rivas-Vaciamadrid y la Comunidad por 4.000 hipotecas

El alcalde advierte que si el pleno del Supremo no ratifica la sentencia irán al Tribunal de Justicia de la UE

El alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura (derecha), junto a coordinador del Izquierda Unida, Alberto Grazón,

El alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura (derecha), junto a coordinador del Izquierda Unida, Alberto Grazón,

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Sara Ledo

Se llama Rivas-Vaciamadrid y se sitúa a tan solo 14 kilómetros de la madrileña Puerta del Sol. En este municipio dormitorio de la capital de España, que cuenta con más de 88.000 habitantes y en el que lleva gobernando ininterrumpidamente Izquierda Unida desde los noventa, ha tenido lugar el gérmen de la sentencia del Tribunal Supremo que estableció la obligación de los bancos a pagar el impuesto por la inscripción de las hipotecas, en detrimento de los consumidores, la consecuente caída del sector en la bolsa y la batalla judicial que está por librarse.

Entre el 2010 y el 2011 comienza esta historia, cuando el Ayuntamiento de Rivas decide llevar a los tribunales a la Comunidad de Madrid –después de reclamar vía administrativa- porque le exigía el pago del impuesto por la inscripción de alrededor de 4.000 hipotecas firmadas por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). El Tribunal Superior de Justicia, en 2015, falló en contra de la localidad; entonces, el alcalde Pedro del Cura recurrió al Supremo que hace unos días le daba la razón a través de una sentencia que desataba el caos en el sector bancario español.

La EMV es una entidad pública dependiente del ayuntamiento que se puso en marcha en 2004 para facilitar a los vecinos el acceso al mercado de la vivienda a "precios razonables", tanto de alquiler como de compra. "El Gobierno regional del PP recalificaba suelos para hacer vivienda libre, lo que encarecía el precio, y nosotros hacíamos vivienda protegida para bajarlo, eso generó un conflicto político sobre el modo de entender la gestión de la vivienda pública y suscitó qué criterio se tiene para pagar ese tributo”, explicó en una conversación telefónica con EL PERIÓDICO el alcalde de Rivas, Pedro del Cura.

La vivienda pública VPO está exenta de pagar este impuesto, por lo que en Rivas creyeron que la Vivienda de Protección Pública Básica (VPPB) –el equivalente de las VPO pero del ayuntamiento- también lo estarían, hasta que en 2011 el Gobierno regional cambió el criterio. El litigio surgió entorno a los metros cuadrados: las VPO deben ser menores de 90 metros cuadrados y los pisos de Rivas tienen más de 90. "Nosotros entendíamos que era vivienda pública protegida igual, y por tanto, debía tener el mismo tratamiento. Pero el Gobierno regional quería que los que hacíamos vivienda protegida tuviéramos un hándicap respecto a quienes no la hacen y esa fue la pelea", argumentó Del Cura.

Hasta el final

La sentencia dictada por el Alto Tribunal -que supondría un ahorro de 2,5 millones para el municipio- altera la jurisprudencia hipotecaria de tal manera que el presidente de la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo, Luis María Díez-Picazo, aludió a su "repercusión económica y social" para dejarla en 'stand-by' hasta que el 5 de noviembre el pleno la resuelva. Algo que no se cree Pedro del Cura, pues Díez-Picazo firma el auto que admitió a trámite el recurso en enero y, por ende, conocía desde entonces su trascendencia.

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"Le dijimos al Supremo que de entenderse que el impuesto corresponde a los bancos supondría un cambio en el criterio doctrinal", advierte el regidor ripense, quien no las tiene todas consigo sobre la firmeza de la sentencia en la localidad: "No tendría sentido que fuera firme para nosotros y no para el resto. El artículo es legal o ilegal, lo que no puede ser es una cosa y la contraria. Esa sentencia dice que es ilegal, no en relación a Rivas, sino el tributo en sí", sostiene.

Sea como fuere, en Rivas siguen con su día a día. Este lunes han presentado una promoción de viviendas de alquiler para gente joven y prevén presentar un plan de 'cohousing' para gente mayor. "A ver qué pasa, sería una vergüenza que a la justicia española la tengan que estar tumbando en Europa por no ser capaz de cumplir la ley y someterse a otro tipo de servidumbres. Nosotros, mientras, estamos asesorando a los residentes para que hagan ya las reclamaciones, y si esto no se acata, iremos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, concluye.

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