La ocupación en el tercer sector social aumenta el 2,6% y roza los 100.000 trabajadores

El tercer sector social de Catalunya, que agrupa asociaciones, fundaciones o cooperativas dedicadas a la acción social, a la atención a la discapacidad o a las personas mayores, entre otros, sigue en proceso de recuperación tras el impacto de la crisis y sus consecuencias. En el 2017, a nivel de empleo, el sector ocupó a un total de 94.500 personas, el 2,6% más que el año anterior pero todavía sin alcanzar los 100.000 trabajadores que tenía en el 2011, cuando comenzó a notas los efectos del 'crack' del 2008. Así lo constatan los datos del "Anuario de la ocupación del tercer sector social de Catalunya", elaborado y presentado este lunes por La Confederació, la patronal del sector.

No obstante, los representantes de la organización han alertado de que las estadísticas entrañan signos de cierta desaceleración en el crecimiento y no se atreven a pronosticar cuándo recuperaran los niveles de ocupación previos a la crisis. "Tenemos la sensación de estar tocando techo", ha afirmado la directora de La Confederació, Laia Grabulosa. Así lo reflejan los datos del informe, en el que el 62% de las 417 empresas entrevistadas considera que el sector no ampliará plantilla. Una cifra cuatro puntos superior a la del año anterior.

La fuga de talento hacia el sector público es uno de los principales motivos, ya que los salarios y las condiciones en dichos centros son sensiblemente mejores. Para contenerla, La Confederació trasladó el pasado julio al 'conseller' de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, una propuesta para reformar los criterios de licitación pública de las concesiones de servicios y contratos, para primar las buenas prácticas por encima del precio a la baja. "Cada renovación de las licitaciones rebaja de media el coste el 6% y eso se traduce o en un peor servicio, o en peores salarios", ha afirmado el presidente de La Confederació, Joan Segarra. Un terreno donde las empresas que sí persiguen fines lucrativos tienen más margen para competir.

El 'conseller' El Homrani ha recogido en parte el guante este lunes en la presentación y ha reconocido que "uno de los retos” que tienen por delante es "ser capaces de huir de las visiones únicamente economicistas", que no tienen en cuenta el "valor social". Algo no menor para las entidades de este sector, ya que estas dependen mayoritariamente de fondos públicos. Concretamente el 39% de ellas tiene como fuente de financiación principal las subvenciones. No obstante, Segarra ha afirmado posteriormente ante periodistas que no esperan avances significativos en un cambio de ley hasta, como mínimo, ya entrado el 2019.

El salario medio de un profesional del tercer sector social se situó en el 2017 en los 21.272 euros, el 3,2% más que el año anterior. Una subida, que, no obstante, no compensa la diferencia que separa a estos trabajadores de sus homólogos de la pública. Según cuentan diversas fuentes con presencia en el sector, un trabajador de un Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) concertado cobra por convenio algo más de 1.700 euros brutos, mientras que uno público, gracias a los complementos y un salario base superior, alcanza de media los 2.400 euros.

El sector, además, se caracteriza por estar principalmente empleado en pequeñas y medianas empresas (94%), con una altas tasas estructurales de temporalidad (44%) y parcialidad (44%) y una presencia predominante de mujeres (74%). Una feminización que cohabita con una brecha de género en materia de salarios del 20,2%. Algo "inadmisible" para el presidente de La Confederació, "sobre todo si queremos ser un sector referente en paridad", según ha reconocido.