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Pacto presupuestario

Creación de un bono social energético único y control de los beneficios de las eléctricas

La financiación seguirá siendo asumida íntegramente por todas las empresas del sector, proporcionalmente a su volumen de facturación

El acuerdo entre Gobierno y Unidos Podemos tarmbién limitará los 'beneficios caídos del cielo' de las eléctricas

El Periódico

Contadores de luz electrónicos en un edificio de Barcelona.

Contadores de luz electrónicos en un edificio de Barcelona. / REUTERS / ALBERT GEA

El Gobierno y Unidos Podemos han acordado realizar una reforma "profunda" del bono social eléctrico y la creación de un bono general, que incluirá el bono gasista, con el fin de permitir que "cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía.

Así consta en el acuerdo sobre Presupuestos Generales del Estado para 2019 que han firmado esta misma mañana en el Palacio de La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.

Estos bonos sociales energéticos serán de solicitud automática y la renta per cápita del hogar vulnerable será el único criterio de adjudicación, con la salvedad de que se pondrán incluir también criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como familias monoparentales.

Además, se mantendrá que la financiación sea íntegramente cubierta por todas las empresas del sector, proporcionalmente a su volumen de facturación.

Ya se reformó

El anterior bono social ya tuvo que ser reformado en octubre de 2017 después de que el Tribunal Supremo declarara inaplicable su régimen de financiación anterior por ser incompatible con la normativa comunitaria, dando así a las grandes eléctricas la razón en su recurso contra la obligatoriedad de financiarlo.

No obstante, la actual normativa establece que siguen siendo todas las comercializadoras de electricidad las que asumen su financiación, un grueso de más de 200 empresas, pero en las que las cinco grandes eléctricas -Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Viesgo- cubren más del 95% del coste total.

Asimismo, con la finalidad de garantizar el despliegue de la legislación en materia de pobreza energética se pondrá en marcha un fondo de 50 millones de euros para garantizar que las administraciones públicas y los servicios sociales dependientes de las mismas den la protección necesaria a las personas vulnerables, para que dispongan de los derechos y descuentos reconocidos tanto en el bono social eléctrico como en el real decreto ley de medidas urgentes aprobado la pasada semana.

Revisar la "sobrerretribución"

En el marco del acuerdo también se realizarán los cambios normativos necesarios en el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución, los conocidos como 'beneficios caídos del cielo' ('windfall profits'), que consideran que reciben en el mercado mayorista algunas tecnologías, como la hidráulica o la nuclear.

En concreto, el Ejecutivo y Unidos Podemos han pactado revisar esta "sobrerretribución" que señalan que reciben estas tecnologías que fueron instaladas en un marco anterior a la liberalización y que han recuperado "sobradamente" sus costes de inversión.

De esta manera, señalan que una posibilidad podría ser establecer un límite a lo que determinadas tecnologías pueden cobrar en el mercado eléctrico y que esa diferencia entre el precio del mercado y ese límite se considerará un ingreso del sistema eléctrico y fuera destinado, directamente, a abarartar la factura de la luz de todos los consumidores

Cambios en la factura 

Otras medidas están orientadas a modificar la factura eléctrica con el objetivo de reducir el porcentaje que representa el término de potencia; que la parte variable de la componente regulada varíe al alza en función de la energía consumida, con la finalidad de que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros Kw/h sea inferior a los siguientes. De esta manera se incentivará la eficiencia eléctrica y se ayudará a las personas que solo consumen lo básico.