MOVILIZACIONES

Los funcionarios de prisiones convocan seis días de huelga general

Los sindicatos exigen que se retome la negociación para mejorar las condiciones económicas y laborales

Funcionarios de prisiones encadenados

Funcionarios de prisiones encadenados / periodico

El Periódico

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Los principales sindicatos de trabajadores de Instituciones Penitenciarias -ACAIP, CCOO, CIG, UGT y CSIF- han convocado seis días de huelga general para el 24 y 26 de octubre y el 6, 8, 13 y 15 de noviembre de 24 horas que afectará a todos los servicios. Se reclamará al Ministerio del Interior que retome la negociación para mejorar las condiciones económicas y laborales de los funcionarios de prisiones. 

Las organizaciones sindicales también han anunciado que el día 17 se encadenarán frente al Ministerio del Interior para exigir al ministro, Fernando Grande-Marlaska, que se reúna con ellos. En la rueda de prensa de este martes han explicado que esto se debe a la "falta de respeto" perpetrada, según denuncian, por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, al retirar "de forma unilateral" de la mesa de negociación la oferta que les planteó de una subida salarial de 365 euros de media, es decir, unos 122 millones en un periodo de 3 años. 

Según la responsable de prisiones de CCOOSilvia Fernández, se trata de la primera vez que todos los sindicatos de prisiones se ponen de acuerdo para convocar una huelga, y el motivo es que "el personal de Instituciones Penitenciaras se siente engañado" por el Ministerio de Interior tras retirar la oferta de subida salarial después ocho meses de movilizaciones.

El presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Adminsitración de Instituciones Penitenciarios (ACAIP), José Ramón López, ha informado que la huelga, convocada para seis días, será de 24 horas y afectará a los tres turnos y a "todos los servicios, áreas y centros de trabajo".

Servicios mínimos "abusivos"

José Ramón López ha aprovechado para denunciar que la administración ya ha comenzado a organizar unos servicios mínimos que, a su juicio, son "claramente abusivos." "Aquí se quiere hacer funcionar todo, pero solo se deben cubrir los conceptos de seguridad y la atención sanitaria y alimenticia de los presos", ha defendido.

No obstante, los sindicatos han ofrecido al Gobierno la oportunidad de evitar esta situación, siempre que el ministro acepte reunirse con ellos y vuelva a plantear la oferta retirada. Han avisado que no les vale con verse con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, porque tras retirar la oferta que les hizo han considerado que ha quedado totalmente desacreditado.