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JUICIO DE CATALUNYACAIXA

Narcís Serra: "No me arrepiento porque lo que hice es lo que tenía que hacer"

Las defensas critican la legitimación de la CUP en el proceso y reclaman la drástica reducción de la fianza

Eduardo López Alonso

Narcis Serra entrando en la Audiencia de Barcelona, la semana pasada.

Narcis Serra entrando en la Audiencia de Barcelona, la semana pasada. / ALBERT BERTRAN

El juicio contra el expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra, el exdirector general de la entidad Adolf Todó y 39 exdirectivos y exconsejeros más por el incremento de sus ingresos en plena crisis financiera y de la entidad, entre 2008 y el 2012, ha empezado este jueves en la Audiencia de Barcelona. Caixa Catalunya requirió 12.000 millones de euros en recursos públicos para su rescate y acabó siendo comprada por el BBVA. En la entrada al recinto, Serra se ha mostrado seguro, al afirmar: "No me arrepiento, porque lo que hice es lo que tenía que hacer". En su opinión, "no existieron sueldos escandalosos" y el fiscal "solo nos acusa del salario del director". El exvicepresidente del Gobierno y el director general están acusados de dos delitos de administación desleal y la fiscalía pide cuatro años de prisión para ellos y para 15 acusados más. Reclama 2,5 millones por el perjuicio económico causado.

El juicio está previsto que dure 28 sesiones, hasta el 30 de noviembre. No será hasta el 11 de octubre cuando comiencen a declarar los acusados de cuatro en cuatro, empezando por Serra y Todó.

Legitimación y fianza

Las defensa ha mantenido que la CUP no está legitimada para ejercer la acusación civil (en una estrategia procesal similar a la que se empleó en el 'caso Noós' con Manos Limpias) y ha reclamado la nulidad del proceso. La petición ha sido descartada por el tribunal, que responderá por escrito todas las alegaciones presentadas. El segundo punto cuestionado por las defensas ha sido la cuantía de las fianzas, que suman un total de 9,5 millones de euros. Según las defensas, el caso debe ceñirse solo al alza de las retribuciones variables posteriores al 2010, con lo que el aumento efectivo alcanzó el 16%, en torno a 56.000 euros. Fuentes de la defensa consideran que en ningún caso la cuantía de la fianza puede ser superior a los 2,5 millones exigidos por la fiscalía. 

Primeras decisiones

La Sección 8 de la Audiencia de Barcelona permitirá que Serra y el resto de acusados se ausenten si así lo solicitan durante las sesiones del juicio una vez hayan declarado como acusados. Así lo ha solicitado en el trámite de las cuestiones previas el abogado de Serra que ya ha adelantado que Serra solicitará ausentarse, al estar fuera de Barcelona, el 24 y 29 de octubre, ya que está previsto que declare el día 11 de este mes.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado no se han opuesto a esta petición, siempre que sea una vez hayan declarado los acusados, y el tribunal ha acordado la dispensa siempre que también estén presentes en el turno de la última palabra.

La CUP

El tribunal ha rechazado la petición de la CUP, que ejerce de acusación popular, de que declare como testigo el exdiputado en el Parlament David Fernàndez, al considerar que no tiene relación con la causa. La CUP reclama la nulidad de todos los contratos de la entidad con sus directivos, de ahí la valoración de la repercusión económica del orden de los 9,5 millones de euros.

El fiscal Fernando Maldonado centró el caso en el alza de los salrios de la entidad bancaria en plena crisis económica, cuando ésta estaba recibiendo fondos del FROB, que entre 2010 y 2012 aportó a la caja más de 12.000 millones de euros. Les acusa de "un reprochable y espúreo" manejo de los fondos de una entidad cuyo único objetivo tendría que haber sido procurar un adecuado beneficio para la obra social y evitar un despilfarro de fondos en beneficio de los altos directivos. Durante esos años fueron despedidos unos 1.600 trabajadores. 

Retribuciones

Entre otras decisiones bajo investigación, está el pago a Todó de una retribución fija anual de 600.000 euros --que luego incluso aumentó-- a lo que había que sumar una retribución variable del 35% del total, condicionada al cumplimiento de objetivos. Se estableció para él una cláusula de prejubilación a partir de los 60 años por la que cobraría hasta los 67 una renta mensual del 90% de su sueldo, y a partir de los 67 "una renta vitalicia" del 80% de lo recibido los 12 meses anteriores. Otra cláusula establecía que, en caso de morir, su hija podría recibir una pensión vitalicia por el 50% de la retribución cobrada por Todó los últimos 12 meses. En total, Todó percibió más de cuatro millones de euros entre 2008 y 2012 --sumando las retribuciones fijas y las variables-- a lo que hay que añadir aportaciones al plan de pensiones.

En el caso de Massana, se establecieron las mismas cláusulas de prejubilación que a Todó y se le fijó un sueldo anual de 371.000 euros su primer año con una retribución variable del 35% por la consecución de objetivos. Massana cobró entre 2008 y 2012 un total de 2.895.933 euros (entre retribuciones fijas y variables) a lo que, como en el caso de Todó, también hay que añadir lo que se aportaba al plan de pensiones.

Dietas y salarios

Serra recibió dietas por presidir las comisiones y el consejo de administración que oscilaron entre 24.801 y 135.707 euros al año, y a partir del 2007 se le asignó un sueldo como presidente no ejecutivo de unos 175.000 euros anuales.

La sesión del consejo de administración de enero del 2010 aprobó la propuesta de la Comisión de Retribuciones consistente en subir el salario fijo y el variable anual de Todó del 35% al 50%, y el de Massana del 35% al 45%. El acuerdo de octubre aprobó la subida salarial para el 2011 del comité de dirección.Según el Banco de España, el primer acuerdo supuso un perjuicio económico de entre 1,31 y 1,45 millones en favor de Todó. Massana obtuvo, gracias a los dos acuerdos, 1,1 millones de euros de forma ilegítima, según el fiscal y los cálculos del Banco de España. La normativa del FROB para rescatar a los bancos exigía la "racionalización de estructuras de administración y gerencia" y "ajustar las políticas de retribución de los altos directivos" en la normativa europea.