La Audiencia Nacional admite una querella contra CaixaBank por la compra de BPI

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido a trámite la querella de dos accionistas contra el expresidente del Grupo Caixa Isidro Fainé, Criteria Caixa y CaixaBank por operaciones presuntamente irregulares para la adquisición del banco portugués BPI, que podrían haber supuesto un perjuicio para la entidad de cientos de millones. El magistrado aún no les ha citado a declarar; sus primeras diligencias han sido solicitar documentación sobre las operaciones denunciadas.

CaixaBank sostiene que estas operaciones se llevaron a cabo "en cumplimiento estricto de los requisitos legales" y fueron comunicadas a los reguladores. La entidad bancaria, con una participación minoritaria en el BPI desde 1995, cerró con éxito en 2017 su opa sobre el banco portugués y pasó a controlar el 84,5% con un desembolso de 644,5 millones de euros, informa Efe. 

En el auto de admisión, avalado por fiscalía, el magistrado cita los delitos de abuso de mercado (información privilegiada), administración desleal y delitos societarios (tanto por falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación jurídica y económica de la entidad como por la imposición de acuerdos abusivos en la Junta de accionistas).

La querella también se dirige contra el presidente del Consejo de Administración del Banco of East Asia (BEA) David K.P. Li, y los directivos de CaixaBank Alejandro García Bragado, Óscar Calderón, Antonio Massanell, Juan Antonio Álvarez y Gonzalo Gortázar.

Los querellantes denuncian el contrato de permuta de CaixaBank con su accionista de control Criteria (hecho relevante del que se informó a la CNMV el 3 de diciembre de 2015) sobre el 17,24% del capital del BEA y cuyo fin último era la compra del banco portugués BPI, lo que coincidió con la concesión de un crédito de 400 millones al Banco de Fomento de Angola (BFA) y la venta del 2% de esta entidad a Unitel, cuya titular es Isabel Dos Santos, hija del entonces presidente del país y segunda accionista de la entidad portuguesa.

Cientos de millones de euros

De la Mata explica que este caso es competencia de la Audiencia Nacional por el importe de la cantidad en que se cifra el perjuicio, de cientos de millones de euros, así como por el quebranto a la entidad bancaria de manera personal y directa y, por ende, apunta el magistrado, a todos los accionistas de la misma, que pueden haber sido perjudicados por la actuación de la entidad en los hechos querellados.

De hecho, según la querella la transmisión del 17,24% del capital del BEA a Criteria supuso un perjuicio a Caixabank de 654.703 millones, a los que habría que sumar 370,5 más por la plusvalía latente del valor de las acciones desde el contrato de permuta hasta que se supo la posibilidad de una opa sobre el banco hongkonés. En la junta de accionistas de Caixabank se preguntó si se había informado a la CNMV de esa posibilidad y se dijo que no por no ser relevante para la entidad.

Para los accionistas que se creen perjudicados la finalidad de esta permuta era la adquisición del portugués BPI. La querella considera que la propia documentación de Caixabank refleja una pérdida de 102 millones de euros, consecuencia de la venta del 2% del Banco de Fomento de Angola a Unitel, de la que es titular Isabel Dos Santos, hija del presidente de Angola y segunda accionista de la entidad portuguesa. 

La denuncia también cita como operación sospechosa la concesión de un crédito de 400 millones a BFA. Cree que fue una contraprestación para que Dos Santos eliminara las restricciones de voto del BPI, por lo que debía haberse contabilizado como parte del precio de la compra

“A la existencia de un amplio espectro de afectados se añade que los querellados utilizaron resortes económico-financieros o regulación mercantil especializada para llevar a la realidad sus intenciones, que por otra parte tenían gran trascendencia económica para la institución, máxime en un momento de aguda crisis bancaria”, añade el instructor al iniciar la investigación.

Petición de documentación

Las primeras diligencias que ha acordado consisten en solicitar diversa documentación a CaixaBank, entre ella la relación de miembros del Consejo de Administración entre 2015 y 2017 y de la Comisión de Auditoría y Control, así los integrantes de la comisión de consejeros independientes creada ad hoc para el análisis de la operación de permuta y la documentación que manejaron.

Igualmente solicita el juez la relación de personas que emitieron el Informe anual de cumplimiento normativo en el ámbito del mercado de valores que recoja el análisis de la legalidad de la operación de permuta y también toda la documentación disponible en CaixaBank relativa al préstamo de 400 millones a BFA.