15 jul 2020

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transformación del marco legal

El Gobierno dará una respuesta final al conflicto de estibadores en 15 días

El Ejecutivo se compromete a definir un nuevo reglamento para dar estabilidad jurídica al sector

Eduardo López Alonso

Protesta de estibadores ante la sede de la Delegación del Gobierno en València, en febrero pasado.

Protesta de estibadores ante la sede de la Delegación del Gobierno en València, en febrero pasado. / MIGUEL LORENZO

Nueva esperanza de reglamento para los estibadores españoles. El Gobierno se comprometió ayer (el lunes por la noche) a definir la hoja de ruta para resolver el conflicto legal que vive el sector, embarrado en un verdadero limbo legislativo tras casi año y medio tras la aprobación del decreto. El bloqueo político a la definición de un reglamento que desarrolle el decreto aprobado por el Parlamento amenaza al sector. 

A la reunión asistieron el coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (principal sindicato del sector), Antolín Goya; el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura; y la secretria general de Transporte, Maria José Rallo. Goya explicó la situación de inseguridad jurídica que vive el sector como consecuencia de la falta de reglamento que debe dar cobertura a los acuerdos sectoriales. Según Goya, si ese reglamento se dilata en el tiempo "los daños podrían ser irreversibles". Al final de la reunión, el representante de los estibadores confió en que el conflicto tenga una vía de solución "antes de final de octubre", aunque antes de verano se esperaba una solución antes de agosto y esa previsión no se cumplió.

Saura se comprometió a dar a conocer a los estibadores su hoja de ruta para resolver el conflicto en un plazo máximo de 15 días y aseguró que la cuestión es un tema prioritario en la agenda de su departamento. El Gobierno ha creado un equipo de trabajo interministerial para dar respuesta efectiva a la situación. 

El real decreto aprobado exige que se subroguen los contratos por convenio colectivo por acuerdo con las empresas. Las partes están legitimadas para ello, pero no se ha desarrollado el reglamento para facilitar los cauces para la contratación de empleados. La creación de centros portuarios de empleo, una especie de ETTs para cada puerto, debe centrar la organización de las contrataciones de manera transparente y abierta a las peticiones de nuevos empleados y a las necesidades de las empresas. 

Serán las empresas las que sufraguen el coste de los ajustes que se produzcan y deben fijarse las cuantías de las indemnizaciones o las condiciones para la rescisión de relaciones laboral mantenidas en el pasado. Los sindicatos están de acuerdo en que se apliquen medidas de flexibilidad salarial consensuadas, que se sumarán a una elevada autonomía portuaria en materia laboral. La estructura salarial de los estibadores está en un 80% en función de la producción. El salario base es bajo y el salario de producción depende de los acuerdos entre patronal y sindicatos, que debe ser regulado por la normativa específica. 

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