Bruselas investiga si BMW, Daimler y Volkswagen frenaron sistemas de emisiones más limpios

Tres años después del estallido del escándalo del 'dieselgate', la industria del automóvil vuelve a estar en el punto de mira de Bruselas. La Comisión Europea ha abierto una nueva investigación en profundidad para comprobar si las empresas BMW, Daimler –fabricante de Mercedes- y Volkswagen –que produce Volkswagen, Audi y Porsche- han violado las normas antimonopolio de la UE. Bruselas sospecha de la existencia de un posible pacto entre los tres grandes constructores para limitar de forma ilegal el desarrollo y la aplicación de sistemas de tecnologías destinados a reducir las emisiones contaminantes de los motores diesel y gasolina.

“Si se demuestra, esta colusión podría haber privado a los consumidores de la oportunidad de comprar automóviles más limpios cuando la tecnología estaba a disposición de los fabricantes”, ha advertido a través de un comunicado la comisaria de competencia, Margrethe Vestager. La liberal danesa teme que los tres grandes fabricantes alemanes se hayan aliado para no competir ni invertir en el desarrollo de sistemas de emisiones más limpios.

La Comisión Europea realizó inspecciones por sorpresa en los locales de Daimler, BMW, Volkswagen y Audi en Alemania en octubre de 2017. La investigación formal abierta ahora se basa en informaciones que indican que el “círculo de los cinco”, como se conoce al grupo de fabricantes ahora cuestionados, participaron en reuniones en las que se discutió sobre el desarrollo y despliegue de tecnologías que podían limitar las emisiones nocivas.

Dos tecnologías a examen

El foco de la investigación se centra en dos tecnologías en concreto: el sistema de reducción de catálisis selectiva (SCR), que permite reducir las emisiones de dióxido de nitrógeno, y los filtros de partículas "Otto" (OPF) que permiten reducir las emisiones de partículas nocivas en coches de pasajeros con motor de gasolina. Los servicios de la competencia examinarán ahora, “con carácter prioritario”, según ha anunciado la Comisión, si estas compañías cerraron un acuerdo secreto para limitar el desarrollo de ambos sistemas para los vehículos comercializados en el espacio económico europeo.

De momento, no hay ninguna acusación en firme ni la apertura de la investigan prejuzga el resultado. Es más, “en estos momentos no hay suficientes indicaciones de que las discusiones entre el círculo de los cinco constituyan una conducta anticompetitiva”, admite la Comisión. Ni tienen indicaciones que apunten a que los fabricantes se coordinaron para utilizar dispositivos fraudulentos con los que falsificar los datos de los test de emisiones.

Multas millonarias

Pero se confirman las sospechas de Vestager, la multa podría alcanzar hasta el 10% del volumen de negocio de las empresas que ya han confirmado su intención de cooperar con el Ejecutivo comunitario, según informa la agencia AFP. La primera compañía en informar del supuesto pacto ha sido el fabricante de Mercedes Benz, Daimler, que podría beneficiarse de la clemencia que Bruselas reserva para los chivatos. Tanto BMW como el grupo Volkswagen han subrayado por su parte que la decisión de abrir una investigación formal no es más que una etapa.

Según la información que manejan los servicios de la competencia europeos, durante los encuentros entre los fabricantes también se abordaron cuestiones técnicas como los requisitos de calidad comunes para algunas piezas de los coches, procedimientos comunes de control e intercambios sobre modelos propios de coches ya comercializados así como velocidades máximas a las que pueden abrir y cerrarse los techos de los modelos descapotables.

Sin plazos

El procedimiento lanzado por Bruselas no incluye ningún plazo límite mientras que la duración de la investigación dependerá de diversos factores como la complejidad del caso, el grado de cooperación de las empresas afectadas con la Comisión y su decisión de ejercer el derecho de defensa. La mayor multa impuesta hasta ahora por la Comisión Europea por cartel corresponde a uno de camiones sancionado con 3.800 millones de euros en 2017.