antigua Rocalla

Extrabajador del amianto indemnizado con 112.000 euros por la muerte de su esposa

El TSJC condena a Uralita S.A. por incumplimiento del deber de velar por la higiene en la indumentaria laboral, causante del contagio de la víctima

Trozos de uralita, elaborada con fibras de amianto.

Trozos de uralita, elaborada con fibras de amianto. / periodico

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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a la empresa Uralita S.A. a indemnizar con 112.000 euros en concepto de daños y perjuicios a un antiguo trabajador de Rocalla por la muerte de su esposa. La mujer contrajo un mesotelioma debido a la exposición al amianto que traía su esposo a través de la ropa tras el trabajo.

La sentencia del tribunal dictamina que Uralita S.A., empresa sucesora de la histórica fábrica Rocalla, ubicada en Castelldefels (Barcelona), es responsable del incumplimiento realizado por dicha empresa al no velar por la higiene de la indumentaria de trabajo de sus empleados. El TSJC considera probado que Rocalla no actuó conforme a la ley al no habilitar taquillas separadas para que sus empleados no guardaran en el mismo sitio la ropa que traían de casa y la que utilizaban durante su jornada laboral. Es en la impregnación de las fibras de amianto de unas indumentarias a las otros que la mujer del antiguo empleado se infectó, al lavarle la ropa a su marido.

El trabajador indemnizado prestó sus servicios como operario de fibrocemento desde 1962 hasta su

jubilación en el 1994. Dada su prolongada exposición al amianto se le declaró una incapacidad permanente total en el 2008, con su consecuente pensión. Fue en el 2016 cuando su esposa falleció, a los 75 años, fruto de la enfermedad derivada de la convivencia con su esposo durante más de dos décadas.  

El amianto es un material prohibido desde el año 2000 por la legislación de la Unión Europea y la sentencia conocida esta semana se suma a una larga lista que ascienden hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la UE. Casos tanto relacionados con Rocalla como con otras empresas que explotaron dicho material.

El abogado del Col·lectiu Ronda que ha llevado el caso del viudo, Miguel Arenas, ha afirmado que la resolución judicial "reitera la evidencia de la responsabilidad de la empresa Uralita por las muertes y enfermedades causadas por el amianto y propiciadas por el absoluto menosprecio que esta exhibió durante décadas respecto a la salud de sus trabajadores, sus familias e, incluso, el conjunto de vecinos de las ciudades que acogieron sus fábricas".