El Santander advierte que nuevos impuestos a la banca afectan a la inversión

Con el sonido de fondo de posibles nuevos impuestos a la banca, el consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, aprovechó su intervención en el Congreso de los Diputados en la comisión que estudia la última crisis financiera para advertir de que impulsar "cambios relevantes en la fiscalidad o estigmatizar a la banca" puede tener efectos nocivos sobre la inversión. 

En línea con otros directivos bancarios, el dirigente del Santander se puso la venda antes de la herida y mostró sus argumentos en contra de incrementar la imposición al sector bancario. Esta es una de las propuestas que está negociando el Gobierno con Podemos como medida para pagar las pensiones y para garantizarse su apoyo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado del 2019. 

"Se habla mucho estos días de impuestos a las empresas o al sector bancario", apuntó el responsable del Santander, quien reclamó que "estos debates fueran racionales". El banquero arguyó que "un aumento de los impuestos al sector financiero no ayuda a que la banca haga su labor de financiar a la economía española". Y remató advirtiendo de que la competencia internacional también juega en este campo: "Competimos en la atracción de inversión con países con una fiscalidad más favorable", lo que puede hacer a España "perder competitividad y oportunidades de crecimiento".

Álvarez sacó pecho y aseguró que el Santander pagó el año pasado 1.130 millones de euros en impuestos y es el banco con mayor carga fiscal de Europa (36%, frente a la media europea del 25%). Precisó que del total pagado, 403 millones correspondieron a IVA que no puede repercutir, 455 millones a pagos a la Seguridad Social por cuenta del empleador, 60 millones a la prestación sobre los activos fiscales diferidos (DTAs) monetizables, 80 millones a impuestos sobre depósitos y 130 millones a otros impuestos. Asimismo, aseguró que la entidad contribuyó con 400 millones de euros al Fondo Único de Resolución y al Fondo de Garantía de Depósitos, al margen de que sus 36.877 empleados, que cuentan con contratos "de alta calidad", también contribuyen con sus aportaciones a la Seguridad Social e IRPF.

Por otro lado, el directivo ha resaltado que Santander invirtió más de 6.000 millones de euros en rescatar las cajas quebradas y que la discutida compra de Popular --cuyo proceso de resolución se hizo con capital privado-- ahorró al Estado entre 28.000 y 36.000 millones de euros. Álvarez atribuyó la resolución de Banco Popular y su posterior venta por un euro a su baja rentabilidad, que le impidió llevar a cabo una ampliación de capital del volumen que necesitaba.

Según el directivo del Santander, el Popular tenía necesidad de ampliar capital y, por su característica de entidad cotizada, tenía acceso al mercado (en teoría). "Pero la baja rentabilidad del banco y de perspectivas de mejora hicieron que no pudiera acudir al mercado en la cantidad que necesitaba para evitar su intervención y subasta con adjudicación a Santander", ha señalado. De esta manera, fue la entidad presidida por Ana Botín la que "tuvo" que ampliar capital por 7.000 millones de euros, una capacidad de acudir al mercado que "solo se gana a base de tener una base inversora que crea en el futuro del banco", aseguró.