Gortázar pide librar de cargas heredadas a los bancos que compren otros en quiebra

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha pedido este miércoles a las instituciones un cambio en la ley de insolvencias que permita otorgar mayor seguridad jurídica a las entidades financieras que compren otras en quiebra.

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, ante la comisión que investiga la crisis financiera, Gortázar ha evocado la elevada litigiosidad en la que se está viendo envuelto el Santander tras la rápida operación de compra del Popular Popular en junio del 2017 por un euro. "En función de cómo se desarrollen las responsabilidades del último proceso de resolución habido en España, es posible que no aparezca ningún voluntario para hacerse cargo de la próxima entidad, sea en España o en Europa", ha advertido el banquero. "Por tanto, en mi opinión, es prioritario desarrollar legislación que libere de responsabilidades heredadas al comprador de un banco en proceso de resolución", ha concluido Gortázar.

El primer ejecutivo de Caixabank ha expresado que la actual ley de insolvencia española "no es útil para las entidades bancarias" ya que la resolución de un banco debe efectuarse en un plazo muy corto, para evitar situaciones de pánico en los ahorradores y de contagio. En la primera resolución bancaria al amparo de la nueva normativa europea (la del Popular), el banco fue intervenido un viernes al cierre del mercado y abrió sus puertas el lunes con el Santander como nuevo propietario. "Es absolutamente imprescindible dotar al proceso de muchísima agilidad para evitar una crisis de liquidez", ha opinado; pero "no podemos exigir las mismas garantías a un procedimiento que debe desarrollarse en días que a un proceso de insolvencia y liquidación que normalmente dura varias años". Desde su punto de vista, "con unas garantías razonables, debemos permitir que las decisiones de resolución sean vinculantes y no se puedan revisar como si pudieran hber sido tomadas y ejecutadas en largos periodos" y es por ello por lo que ha planteado un cambio legislativo.

Herencias buenas y malas

Según el informe elaborado por la consultora Deloitte para la Junta Única de Resolución (JUR), que pilotó la intervención del Popular, el desembolso al que puede tener que hacer frente el Santander por sentencias judiciales desfavorables oscilará entre 1.790 y 3.450 millones de euros en litgios relacionados con cláusulas suelo, gastos de préstamos hipotecarios y otros.

Desde el punto de vista de Gortázar, "el MUR (mecanismo único de resolución) debería hacer de barrera entre el banco comprador y el comprado". Esto es como decir que la autoridad bancaria europea (cuyos fondos proceden de aportaciones de las propias entidades europeas) debería asumir este tipo de costes, algo que ya ha sido rechazado expresamente.

Lo cierto es que el Santander no solo ha heredado cargas judiciales con la compra del Popular. Entre otras partidas, también ha heredado la posibildad de ahorrarse casi 4.000 millones de euros en el impuesto de sociedades por los créditos fiscales que acumulaba el Popular. En el 2017, el Santander redujo al mínimo su factura fiscal con la aplicación de 500 millones del crédito fiscal del Popular y en el 2018 prevé aplicar otros 1.000 millones con el mismo objetivo.

Ley hipotecaria

Durante su intervención ante los diputados integrantes de la comisión de investigación, el primer ejecutivo de CaixaBank ha descrito los "cuatro aspectos" que desde su punto de vista deberían ser abordados en prevención de futuras crisis financieras. Además de subrayar la necesidad de "mejorar el actual sistema de recuperación y resolución de entidades" al borde de la quiebra, Gortázar se ha refeido a la exigencia de "completar la Unión Bancaria" en la zona euro.

La necesidad de contar con "un entorno regulatorio claro y estable" es el tercer reto al que se ha referido Gortázar. En este punto se ha detenido en el proyecto de ley hipotecaria pendiente de tramitación proyecto de ley hipotecariaen el Congreso de los Diputados. Desde su punto de vista, la actual ley hipotecaria no funciona "desde el punto de vista de la protección al consumidor", de modo que "los tribunales aciertan en que las reglas deben ser menos favorables para los bancos prestamistas que las anteriores, favoreciendo la protección del consumidor".  

En todo caso, ha advertido de que la nueva ley "debe ser suficientemente protectora de la garantía hipotecaria" ya que, de otro modo, "las entidades no concederíamos a prácticamente nadie un préstamo a 20 ó 30 años". Además, según Cortázar, "es importante también que la legislación ampare y fomente la concesión de hipotecas a tipo fijo", dado el riesgo que comportan las futuras subidas. "Creo que desde el sector público también sería oportuno avisar de los riesgos de hipotecas a tipo variable en esta entorno", ha añadido.

Por último, el primer ejecutivo de CaixaBank citó "la recuperación de la reputación" del sector financiero como "el desafío más importante no solo de los bancos, sino también para la economía en general". En ese sentido, Gortázar ha expuesto los cambios realizados en las entidades para prestar mayor atención a los consumidores si bien ha admitido que aún quedan muchas cuestiones que corregir.