Una indemnización de ida y vuelta

Isabel trabajaba como ama de llaves llevando dos masías cerca del Masnou (Barcelona), hasta que en el 2012 su cuerpo le dijo basta y tuvo que pedir la baja. En el Hospital Clínic le diagnosticaron fatiga crónica, con manifestaciones de fibromialgia, que convivía con un transtorno depresivo crónico y reiteradas crisis de ansiedad. Isabel fue por todo ello declarada incapaz en octubre del 2012 y le fue asignada una pensión de 1.313 euros mensuales. "Si no puedo trabajar, ¿cómo voy a tener un lugar en esta sociedad?", se temió entonces.

Hoy Isabel puede disponer de su pensión, aunque durante un año y medio el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que en Catalunya actúa a través del Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), le retiró la prestación. Tras dos visitas médicas decidió que, pese a persistir sus dolencias, presentaba una “notable mejoría” que le permitía la "posibilidad de prestar actividades rentables". Así consta en la sentencia de un juzgado de Barcelona que le devolvió la pensión a Isabel, con el asesoría jurídica del Col·lectiu Ronda.

Por dicho proceder, en mayo de este año el Ministerio de Empleo (hoy de Trabajo) "reprocha expresamente a la Administración el no haber realizado un examen más exhaustivo de la situación médica, cuya adecuada valoración parece especialmente difícil en una única visita cuando se trata de enfermedades como las de carácter psiquiátrico o el síndrome de fatiga y fibromialgia", según expresa en una resolución el ministerio.

La paga asignada por el Estado les hace y les hacía falta en casa, con un hijo con problemas de salud desde pequeño y un marido que no gana lo suficiente para mantener a tres personas. "No podíamos pasar sin ese dinero, ya que necesitábamos costear un aprendizaje especial para mi hijo", recuerda Isabel. La mujer rememora la congoja con la que vivió los 18 meses que estuvo sin su pensión: "Verme sin estos ingresos repercutió a toda la familia", cuenta.

Tras la sentencia de un juzgado de Barcelona que le devolvió la pensión y condenó al INSS a retornarle las pagas no recibidas, Isabel interpuso una reclamación para ser indemnizada también por los daños morales ocasionados por la precariedad vivida durante esos 18 meses. Ganó, pero la cuantía finalmente recibida fue el equivalente a tres pagas, mucho menos que los 133.905 euros demandados inicialmente a Trabajo.

Isabel en realidad no se llama Isabel, para preservar así su anonimato de cara a posibles futuras revisiones de su incapacidad: "¿Voy a tener que estar justificando constantemente mi enfermedad?", se pregunta. Esta barcelonesa encontró apoyo durante su periplo judicial en otras personas en situaciones parecidas a la suya, que se organizan a través de la Plataforma d’Afectats per l’ICAM i l’INSS, creada para reivindicar los derechos de aquellas personas que consideran que son dadas de alta injustificadamente. "Esta sociedad a quién deja más tiradas es a las personas más vulnerables, porque no pueden hacer valer sus derechos", se lamenta.