Más de un millón de parados no cobra prestación por desempleo

La salida de la crisis económica ha dejado un gran agujero de parados de larga duración con unas expectativas de empleo prácticamente nulas y sin apenas protección social. Concretamente, el 36,5% de los 3,4 millones de desempleados españoles lleva más de dos años sin trabajo y no cobra prestación por desempleo. La huella del desempleo juvenil ha pisado fuerte durante estos años pero el paro de larga duración (entre uno y dos años) ha ido creciendo de forma silenciosa en España desde que estalló la crisis en el 2008 y, aunque la tendencia se ha ralentizado desde el 2014, este todavía afecta a 1,7 millones de personas, de las cuales 1,2 millones llevan más de dos años en esta situación.

De este modo, el mercado laboral del país se encuentra lejos de recuperar las cifras de desempleo relativas al segundo trimestre del 2008, cuando solo el 25,9% de los parados eran de larga duración, frente al 52% actual; el 12% llevaba entre uno y dos años en el paro (frente al 15,5% de hoy); y el 13,9% llevaba más de dos años sin trabajo (frente al 26,5% actual). Así lo ponen de manifiesto los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que recoge el estudio 'Paro de larga duración: edad y género' presentado este lunes por la Unión Sindical Obrera (USO), que reclama al Gobierno “formación y políticas activas de empleo” para acabar con esta lacra.

En este sentido, el Ejecutivo ya recogió el guante el pasado viernes, cuando el Consejo de Ministros aprobó un real decreto para permitir que los 41.000 parados sin prestación que tenían concedido el subsidio de 430 euros mensuales del extinto Plan de Activación para el Empleo (PAE) y que habían suspendido su cobro, puedan recuperarlo. Esto quiere decir que una parte del actual 36,5% del total de parados que han agotado la prestación contributiva por desempleo podrán beneficiarse de nuevo de la ampliación del PAE.

Desempleo crónico en mayores de 45 años

Esta pandemia se ceba especialmente con los desempleados mayores de 45 años, que representan el 38,6% del total de parados de larga duración, concretamente 687.600 de los 1,7 millones totales. Este colectivo, en su mayoría cabezas de familia, ha entrado en una situación desesperada: caen en el desempleo totalmente desactualizados de las demandas actuales de la empresas y estas evitan volverlas a contratar por llevar, precisamente, mucho tiempo en paro. Este fenómeno se ha agravado con esta década de crisis que ha coincidido con un “proceso de digitalización de los empleos que ha dejado apartados de los procesos de selección a muchos trabajadores sin cualificaciones técnicas”, detalló ayer la secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de USO, Laura Estévez. Por ello, el sindicato reclama un plan eficiente de formación impulsado directamente desde el Estado que permita una "transición justa" a la digitalización de estas generaciones, "que se están quedando descolgadas".

La brecha de género tampoco se escapa al paro de larga de duración. España cuenta con 663.800 desempleadas que llevan más de dos años sin trabajo frente a 610.900 hombres; y 281.300 mujeres frente a 224.200 varones que llevan entre uno y dos años en el paro, una problemática especialmente preocupante en la horquilla de los 45 a 55 años y que supone estar expuesto en gran medida al riesgo de pobreza.

Empleo precario y femenino

El empleo creado, la otra cara de la moneda, tampoco arroja buenos datos, según el citado estudio de USO. En la última década, la ocupación a tiempo completo ha disminuido en 1.770.900 trabajadores, mientras que la que se realiza a tiempo parcial se ha incrementado en 468.000. Las mujeres son los sujetos principales de la parcialidad, triplicando a los hombres (2,1 millones de féminas frente a 740.100 varones), una circunstancia que pone de manifiesto la necesidad de impulsar “verdaderas políticas de conciliación familiar”, señaló el director del Gabinete de Estudios de USO, José Luis Fernández Santillana.

Además, los servicios representan el 75,39% del total de la ocupación, lo que demuestra una “excesiva dependencia de este ámbito productivo” que cuenta con los salarios más bajos y la mayor cantidad de contratos temporales de la totalidad de sectores. Para paliar esta problemática, Fernández expresó la necesidad de “ligar la contratación al principio de causalidad”, es decir, fijar como ordinario el contrato indefinido salvo una causa que justifique la temporalidad del mismo.