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CÁRTEL INFORMÁTICO

La CNMC informa a la UCO de posibles delitos en la trama de adjudicaciones de Indra

Los ilícitos penales afectarían "a todos los niveles de la Administración Pública: estatal, autonómica y local"

La Agencia Tributaria y la Seguridad Social permitieron que Indra participase en la redacción de los concursos

El Periódico

Sede central de Indra en Alcobendas (Madrid).

Sede central de Indra en Alcobendas (Madrid). / El Periódico

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha comunicado con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para informar de la posible existencia de delitos penales en el cártel informático destapado esta semana, según ha informado este viernes eldiario.es. Un cártel con el que IndraSAG y otras nueve empresas prestadoras de servicios a la Administración Pública se repartieron ilegalmente adjudicaciones de contratos públicos durante 15 años.

La CNMC también ha afirmado que tanto la Agencia Tributaria como la Seguridad Social permitieron a Indra participar en la redacción de los pliegues de concursos que luego amañaba. Además, ha explicado que estas empresas informáticas se dedicaban a inflar los presupuestos y que, en la mayoría de los procedimientos, las compañías conocían "la futura licitación con anterioridad a la publicación de la misma" gracias a los "contactos que las empreseas mantienen dentro de la administración contratante". Indra y SAG eran las instigadoras del cártel y las que tenían acceso a esta información, que luego trasladaban al resto de empresas informáticas participantes.

Un denunciante anónimo hizo llegar un escrito a la CNMC el 16 de octubre de 2017 en el que detallaba "la existencia de vínculos entre determinadas personas que han venido prestando sus servicios a varias empresas y directivos de organismos públicos", unos vínculos que habrían tenido incidencia en estos procedimientos de adjudicación de contratos públicos, como se expresa en la resolución de la Sala de Competencia del organismo. 

Según eldiario.es, en estas operaciones habría ilícitos penales que afectarían "a todos los niveles de la Administración Pública: estatal, autonómica y local". Por este motivo, la CNMC se ha puesto en contacto de manera informal con efectivos de la UCO, especializada en delitos de corrupción, ya que desde la Comisión solo pueden imponer sanciones administrativas. Fuentes oficiales de la CNMC confirman que la entidad "se plantea trasladar a las autoridades competentes" la existencia de los posibles delitos detectados durante la instrucción del expediente, ya que la resolución se ha hecho pública. 

Expediente sancionador

El pasado 1 de agosto, la CNMC hizo público el cártel informático y dio a conocer las sanciones que se impondrían a las empresas participantes, con una suma total de 29,9 millones de euros, la mayor parte de los cuales tendrían que asumir Indra y SAG. 

El expediente se abrió en 2016, tras una investigación que partió de datos aportados por la Agencia Tributaria sobre las licitaciones de servicios de desarrollo y mantenimiento de sus equipos. Entre los organismos afectados también se encuentran la Seguridad Social o el SEPE. No obstante, la CNMC reconoce que existió una actitud instigadora por parte de las administraciones públicas para que estas empresas informáticas se repartieran el mercado. 

Temas: Indra

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