Podemos propone que las redes de distribución eléctrica sean municipales

El grupo parlamentario Unidos Podemos, compuesto por la formación morada, Izquierda Unida y sus confluencias, ha registrado en la tarde de este jueves una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados en la que piden que la red de distribución eléctrica sea un servicio público de titularidad municipal, según adelantó El Confidencial.

"Los municipios, mancomunidades o asociaciones de municipios que deseen gestionar de forma pública la red de distribución constituirán una sociedad pública municipal para la gestión de la red de distribución. Por el contrario, en los municipios que no opten por la gestión pública de la red, la red de distribución seguirá siendo propiedad de los titulares existentes, sin perjuicio de que posteriormente el municipio optara por la municipalización", dice el texto.

Las cinco principales redes de distribución nacionales pertenecen a Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo.

Por su parte, la proposición de Ley también plantea que el Estado mantenga "como mínimo una participación del 20%" en el capital de la empresa titular de la gestión de la red de transporte y de operación del sistema eléctrico español, es decir, de Red Eléctrica Española, e incremente progresivamente este porcentaje "hasta alcanzar el 100% del capital".

El texto también establece el cierre progresivo de las centrales nucleares cuando se produzca el vencimiento de sus actuales permisos de explotación y de las centrales de carbón, estableciendo como fecha límite para cerrar la última el 31 de diciembre de 2025, momento en el que ya "se habrán garantizado los criterios de creación de empleos alternativos".

Con esta proposición de ley, la formación morada busca regular la transición energética con un cambio en el 'mix' energético que pasa por aumentar el peso de las renovables, a través de un nuevo sistema de subastas que tendrán como criterio principal de adjudicación el coste de generación de cada tecnología y un sistema de primas de retribución estable para las instalaciones ya existentes, con el fin de garantizar la seguridad jurídica en la producción. 

Además, se incluye la posibilidad de que se establezcan subastas específicas para los sistemas eléctricos insulares, así como zonas en las que haya quedado liberada infraestructura de red por el cierre de centrales de generación.

Factura de la electricidad y el gas

En relación al mercado eléctrico y gasístico, la proposición "modifica en profundidad" la estructura de la factura de la electricidad y el gas para que su coste esté directamente relacionado con la energía consumida asegurando que el fijo de un "consumidor medio" no represente más del 25 % del término variable. Además, la parte regulada también se plantea que se reforme para que las tarifas sean  progresivas en su precio a medida que el consumo aumente, con el fin promover el ahorro de energía y las medidas de eficiencia.

También se plantea Podemos hacer desaparecer las potencias normalizadas, es decir, la contratación de una potencia concreta porque consideran que con los nuevos contadores inteligentes "carecen de fundamento". Así como rediseñar el bono social eléctrico para aquellos hogares más vulnerables y crear un bono social para el gas y una tarifa especial para el agua que, dice, deberá ser financiada por las empresas operadoras.

Elimina esta proposición de ley el conocido como "Impuesto al Sol", es decir, aquel que imputa cargos a la energía autoconsumida, y reduce "sustancialmente" los trámites administrativos necesarios para legalizar las instalaciones de autoconsumo. 

Reducción de emisiones de CO2 en un 35 % en 2030

Un cambio en la regulación energética que va unido a la intención de Unidos Podemos de reducir las emisiones de CO2 a través de un objetivo de reducción en el año 2030 del 35 % respecto a 1990, y un objetivo del 95 % en 2050, para obtener un 100 % del consumo de energía final cubierto mediante fuentes de origen renovable y un 50 % para el objetivo de eficiencia energética.

Además, incluye esta Proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética la elaboración y tramitación como ley, cada cinco años, de unos Presupuestos de Carbono desglosados por sectores para los cinco años siguientes, que ayuden a conseguir los objetivos globales de reducción de emisiones, así como auditorías energéticas para empresas con un elevado consumo energético.