El Gobierno advierte a Torra que no negociará de forma bilateral

El Gobierno no negociará bilateralmente la mejora de la financiación con la Generalitat. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido este jueves al Govern que "no va haber debate ni acuerdo sobre la financiación autonómica" que no incluya a todas las comunidades y que el "único foro" válido es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a cuya reunión no ha asistido el 'vicepresident' y 'conseller' catalán Pere Aragonès, para queja del resto de los consejeros autonómicos presentes. Con todo, ha destacado que un técnico de la administración catalana sí ha acudido al encuentro preparatorio y se ha mostrado esperanzada de que ello pueda suponer que el Ejecutivo de Torra se sume a las próximas citas, si bien también ha asegurado que confiaba en que dirigente catalán rectificara y acudiese finalmente a la sede del Ministerio.

Pese a este toque de atención, el Gobierno ha anunciado que va a reestructurar parte de la deuda autonómica a corto plazo mediante el alargamento de los plazos, una medida que estuvo sobre la mesa del anterior Ejecutivo pero que su antecesor, Cristóbal Montoro, se resistió a aprobar. La iniciativa beneficiará especialmente a Catalunya, que acumula 4.543 millones de los 8.733 millones de este endeudamiento, y a la Comunidad Valenciana, con otros 1.903 millones. Además, la ministra ha confirmado que, como ya adelantó el martes el presidente, planea alargar los plazos de la deuda autonómica global para facilitar que las comunidades vuelvan a poder financiarse en los mercados, otra medida que beneficia a comunidades muy endeudadas como la catalana. 

La ministra ha vivido una larga y compleja reunión con los consejeros de Hacienda autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El Gobierno no ha logrado un gran respaldo al reparto del déficit para el año que viene. La decisión de Pedro Sánchez de aprovechar la flexibilización del objetivo comunicada a la Comisión Europea para permitir a las comunidades un desfase de las cuentas públicas del 0,3% en el 2019 (frente al 0,1% previsto inicialmente) no ha sido suficiente para lograr el apoyo de las autonomías del PP ni de Canarias, pese a que las dos décimas más suponen un balón de oxígeno de unos 2.400 millones de euros para los Ejecutivos regionales. Las comunidades socialistas han votado a favor salvo la valenciana, que se ha abstenido porque ha convertido la reforma de la financiación en su bandera política.

Reforma de la financiación

Montero ha anunciado también la creación de una comisión política para comenzar a preparar la reforma de la financiación, que el Ejecutivo ya ha dejado claro que no prevé aprobar esta legislatura, así como la reforma de la regla de gasto para dar más margen de inversión a los Ejecutivos regionales. Asimismo, ha adelantado que el Gobierno tiene previsto cubrir las necesidades de financiación que para las autonomías suponga las medidas que adopte, si bien ha matizado que la recuperación de la atención sanitaria universal va a tener un coste "mínimo", ya que beneficiará a "personas sanas, jóvenes, que son las que llegan a España". Además, ha precisado que aprovechará la flexibilización del déficit del 2019 para dar dos décimas más de margen a la Seguridad Social, mientras que el Estado solo se quedará una décima. En el 2020, las autonomías deberán tener un déficit de una décima, para alcanzar el equilibrio presupuestario el año siguiente. 

El Gobierno tiene mayoría en el CPFF, con lo que su propuesta de déficit ha sido aprobada, pero la oposición de las comunidades populares incrementa la incertidumbre sobre si podrá sacar adelante su proyecto en el Congreso la semana que viene. El Ejecutivo confiaba en que los barones del PP, que se enfrentan al horizonte de las elecciones autonómicas en mayo del 2019, presionaran a la dirección estatal de su partido para que valide en el Parlamento el techo de gasto que el Consejo de Ministros aprobará este viernes y los objetivos de déficit y deuda.

Sin embargo, el voto en contra en el CPFF augura que el  PP hará lo mismo en el Parlamento.El sábado se dará a conocer si el nuevo presidente popular es Pablo Casado o Soraya Sáenz de Santamaría, que deberá decidir la postura definitiva de los conservadores. Montero ha querido dejarles un advertencia:  "Si la senda no se aprueba, se vuelve a la senda anterior, la de los ajustes".