Montero dice que la nueva senda de déficit evitará un ajuste de 11.000 millones en 2019

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado de "magnífica noticia" la "flexibilización por parte de la Comisión Europea" de los objetivos de déficit público para España para el ejercicio actual, y para el 2019, el 2020 y el año 2021. "Se trata de una magnífica noticia que nos permitirá conjugar estabilidad presupuestaria con un crecimiento sostenible y el impulso a la agenda social" que se plasmará en los Presupuestos del 2019, según ha dicho Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Según lo avanzado este mismo jueves en Bruselas por la ministra de Economía, Nadia CalviñoNadia Calviño, tras reunirse con el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, el objetivo de déficit para el 2018 se eleva en medio punto desde el 2,2% al 2,7% del Producto Interior Bruto (PIB). También se eleva medio punto el objetivo del 2019, desde el 1,3% al 1,8%. El nuevo objetivo de déficit público para el 2020 se sitúa en el 1,1% (frente al 0,5% previo) y para el 2021 se establece como meta un déficit del 0,4% en lugar del superávit previsto para ese ejercicio

Según Montero, los nuevos objetivos evitarán "un ajuste drástico" de 11.000 millones de euros, que el Gobiero se habría visto obligado a acometer en el 2019 para cumplir con la senda anterior. Este tijeretazo, según la ministra,"hubiera limitado el marco de acción del Gobierno, con un impacto de medio punto de menor crecimiento del PIB y pérdida de empleos". Por el contrario, la nueva senda "otorga un mayor margen fiscal en estos ejercicios para apuntalar el crecimiento económico e impulsar las políticas sociales", todo ello con un ritmo "más adecuado" de la reducción del déficit. 

Autoridad Fiscal

La ministra Montero ha desvelado que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez encargó hace unas semanas un estudio a la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) sobre la viabilidad de los objetivos de déficit del Gobierno anterior. El informe confirmó "la sospecha" de que el déficit del 2018 y el 2019 se iba a situar por encima de lo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy comunicó a Bruselas en abril. Según la Airef, sin cambios en la política económica, el déficit del 2018 se situará en el 2,7% y el del 2019, en el 2,2%.

"El Gobierno se encontró con unos Presupuestos elaborados por el anterior Ejecutivo que no respetaban las reglas fiscales pactadas con Bruselas, tal como habían advertido diversas instituciones", ha relatdo Montero.

Con el informe de la Airef en la mano, la ministra Calviño avanzó en unas "negociaciones" con el comisario Moscovici que, según ha desvelado Montero, comenzaron "casi desde el primer día" del nuevo Gobierno y que han culminado con la nueva senda de déficit.

Amnistía fiscal

En relación a la reiterada demanda socialista en la oposición para que el anterior Gobierno del PP publicara los nombres de los contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal del exministro Cristóbal Montoro, la ministra ha dicho que la intención del nuevo Ejecutivo es cambiar la ley para hacer esto obligatorio en el futuro. Según ha dicho, es imposible dotar de carácter retroactivo a esta disposición, por lo que solo sería aplicable "para nuevas amnistías". Poco después, y para deshacer malentendidos, la ministra ha precisado que la posibilidad de futuras amnistías "no está en la hoja de ruta de este Gobierno, ni mucho menos".

En este mismo contexto, la ministra ha explicado que tampoco podrá tener carácter "retroactivo" otra de las iniciativas que el PSOE impulsó sin éxito en la oposición con la que se pretendía hacer pagar por la totalidad del tipo impositivo que fijó la amnistía (el 10% sobre los bienes aflorados), y no solo por el 3% que resultó en la práctica.

Así lo ha explicado la ministra tras ser preguntada por informaciones periodísticas que vinculan el nombre del rey emérito Juan Carlos con la amnistía fiscal el 2012 y por el antiguo compromiso socialista de publicar los nombres de los contribuyentes que se acogieron a aquella regularización.

La subida del diésel, progresiva

La ministra de Hacienda también ha aprovechado su comparecencia ante los medios para aclarar algunas dudas sobre las subidas de impuestos anunciadas por su departamento que deben entrar en vigor a partir del 2019.

"En los próximos días", Hacienda presentará en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley para la creación de la conocida como "tasa Google" con el fin de gravar determinadas actividades digitales, tales como la insercion públicitaria o la intermediación de plataformas de la llamada 'economía colaborativa.

También -según la ministra- se avanza en el diseño de un nuevo gravamen sobre "las transacciones" del sector financiero.

Además, Montero ha precisado que la aplicación de un tipo mínimo de gravamen en el impuesto de Sociedades y la "simplificación de deducciones" se aplicará en exclusiva sobre el colectivo de "grandes sociedades y grandes corporaciones", con facturación anual por encima de los ocho millones de euros. "La subida excluye a las pequeñas y medianas empresas", ha dicho.

En relación al objetivo de equipara la fiscalidad del diésel a la más gravosa de las gasolinas, la ministra Montero ha hecho referencia a una subida "progresiva" que, en todo caso, dejaría fuera a transportistas profesionales y autónomos. "No se trata de igualar de un día para otro el precio del diésel al de la gasolina, sino de ir progresivamente para disuadir a los ciudadanos de su utilización", ha precisado.

'Plus' del 0,25% para funcionarios

En su reunión de este viernes, además, el Consejo de Ministros ha aprobado la subida adicional del 0,25% en los sueldos de los empleados públicos acordada con los sindicatos de la Función Pública el pasado mes de marzo y recogida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.

Montero ha explicado que "tendrá efectos desde el 1 de julio" este 'plus' que se deriva de haber alcanzado el PIB un crecimiento del 3,1% en el 2017. El 'plus' del 0,25% se suma a partir de julio a la subida del 1,5% acordada para el 2018 con efectos desde el 1 de enero (1,75% en total). Los atrasos desde enero por la subida del 1,5%se harán llegar a los empleados públicos en forma de una minipaga "lo antes posible", según el Ministerio de Administraciones Públicas.