Hacienda da el primer paso hacia una regulación de los pisos turísticos

El Ministerio de Hacienda aprobó el pasado mes diciembre de 2017 una nueva normativa que obliga a las plataformas de alquiler de viviendas de uso turístico como Airbnb o HomeAway a enviar a la Agencia Tributaria –a partir del próximo 31 de enero de 2019, aunque con carácter retroactivo sobre su actividad del año 2018- información relativa a los propietarios y clientes de estas plataformas.

"Es magnífico, es la única y muy importante medida tomada por el gobierno central", precisa el presidente de Exceltur, algo en lo que coinciden HomeAway, la CNMC y la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) donde tildan de "la mejor noticia del año" la medida porque, argumentan, hará descender la oferta.

"(Esta norma) reducirá la oferta, porque esta palanca fiscal hará que a muchos usuarios no les interese hacer esa declaración y decidan mantener la vivienda vacía, destinarla a alquiler residencial o venderla", explica a El Periódico el presidente de Fevitur, Bartolomé Gomila.

Las plataformas no quieren que las viviendas sean consideradas un servicio

"A todos nos une esa necesidad de regulación, el problema es cómo se desarrolla", explican desde la plataforma HomeAway y proponen ante un gran desarrollo de la oferta, como ocurre en muchas ciudades, "regular de forma razonable, respetando aquella oferta que cuenta con un número de registro, cumple todo y ha hecho una inversión, y estableciendo, por ejemplo, cuotas a la concesión de nuevas licencias, para tratar de equilibrar".

Sin embargo, en lo que no ceden es en que se les atribuya a ellos el control "previo" de los contenidos que albergan porque no consideran que sea su competencia. Como tampoco quieren que estas viviendas sean consideradas como servicio y estén supeditadas al suelo de servicio y no al residencial.

Para el portavoz de la Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis Zoreda, las viviendas turísticas son "un negocio puro y duro" y "cada vez más", por lo que cree que "tienen que ser reguladas tras un análisis en profundidad a nivel regional y local que establezca el impacto que tiene en los diferentes barrios".

Zoreda emplaza al nuevo gobierno a abordar esta problemática "con una visión de estado, con un criterio de conciliar intereses al máximo y entre autoridades públicas (CCAA y ayuntamientos) para que seamos líderes en establecer un marco de actuaciones fiscales, urbanísticas y de consumo".

A todo este caos legal hay que sumar la postura de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que como garante de la libre competencia ha requerido a varias comunidades la modificación o retirada de algunas de sus medidas.

No obstante, la entidad no aboga por que estos modelos de alquiler vivan al libre albedrío, sino que considera importante que se regulen "cuando sea necesario y de forma proporcionada". Al tiempo que creen conveniente "revisar la regulación que tienen los agentes ya establecidos, porque en ocasiones pueden estar afrontando una 'sobrerregulación' que no les beneficia, ni a ellos ni a sus clientes".