El Gobierno quiere tramitar este mes en el Congreso la ley hipotecaria de Guindos y el Código de Comercio

Ambas normas, trasposiciones de directivas defendidas por Guindos, esperan desde marzo en ponencia el debate de sus enmiendas

El Gobierno socialista quiere que el Congreso tramite este mes los proyectos de ley de reforma de contratos de crédito inmobiliario y de modificación de Sociedades de Capital, Código de Comercio y Auditoría de Cuentas sobre información no financiera y diversidad que tienen que aportar las empresas, ambas aprobadas cuando era ministro Luis De Guindos.

Para ello, y a través de sendos escritos recogidos por Europa Press, ha solicitado a la Cámara Baja la celebración de "sesiones extraordinarias de los órganos parlamentarios que sean necesarios" para completar la tramitación de ambas iniciativas del Gobierno de Mariano Rajoy, que están paradas en la Comisión de Economía.

Como el mes de julio está fuera del periodo ordinario de sesiones, según figura en la Constitución, el Gobierno quiere que la Mesa del Congreso permita celebrar reuniones a la comisión y, en su caso, la convocatoria del Pleno de la Cámara.

Las dos iniciativas se encuentran paralizadas en fase de ponencia y los grupos parlamentarios ya presentaron sus enmiendas en marzo, aunque todavía no se han celebrado reuniones para discutirlas.

LA LEY HIPOTECARIA SE DECIDIRÁ EN EL PLENO

Pactada con los grupos con los que Rajoy sacó adelante en el Congreso los Presupuestos de 2017 y 2018, la ley de crédito inmobiliario contiene las propuestas de Guindos para reformar el mercado hipotecario y la trasposición de la directiva europea al respecto. Esta trasposición debería haberse realizado antes de marzo de marzo de 2016, razón por la que España tiene abierto un procedimiento de infracción.

Además de la ponencia y la comisión, para tener aprobada la ley en julio la Mesa del Congreso tendría que convocar un Pleno extraordinario, pues la Cámara Baja dio el visto bueno a su avocación, tal y como reclamaron PSOE y Unidos Podemos. Así, será en ese órgano donde se celebre la votación definitiva de la norma y las enmiendas que hayan quedado 'vivas' durante su tramitación.

UNA REFORMA CON MÁS DE DOS AÑOS DE RETRASO

La propuesta del Gobierno establece nuevos plazos al vencimiento anticipado de una hipoteca, limita los intereses de demora -tres veces el interés legal vigente y se aplicarán sobre el principal pendiente de pago-- y facilita la conversión del préstamo hipotecario en divisa extranjera a otra moneda, así como el cambio de préstamo hipotecario con interés variable a fijo.

Por otra parte, la norma incluye la posibilidad a ambas partes de adherirse de forma voluntaria a un contrato tipo en el que se establezcan las cláusulas fundamentales del contrato, y obliga a la entidad a remitir siete días naturales antes de firmar el contrato una ficha con las principales características del contrato, cláusulas suelo incluidas, con estimaciones en distintos escenarios de interés.

En esos siete días, el consumidor deberá acudir al notario para responder a las preguntas que le plantee y donde le explicará todas las cláusulas sensibles, debiendo firmar un acta, gratuita para el prestatario, en la que manifestará conocimiento de toda la información necesaria.

OTRA TRASPOSICIÓN, AUNQUE YA EN VIGOR

Respecto a la ley de modificación de la norma sobre divulgación de información no financiera y diversidad en las empresas, la iniciativa también supone la trasposición al ordenamiento legal español de normas comunitarias.

Al igual que la reforma hipotecaria, llegó al Congreso con retraso en los plazos establecidos por Bruselas, en esta ocasión de un año, lo que motivó la apertura de otro procedimiento de infracción. Eso sí, la trasposición ya está en vigor, pues el Gobierno la aprobó a través de un decreto ley, y fue el Pleno del Congreso el que exigió su tramitación como proyecto de ley para introducir cambios en la norma.

La norma establece que las grandes empresas deberán acompañar su informe anual con información sobre sus políticas medioambientales, su personal, el respeto a los derechos humanos, y la lucha contra la corrupción y el soborno, de forma que deberán incluir las medidas encaminadas a la igualdad de género, el medio ambiente, en materia de derechos humanos, para impedir abusos y los recursos internos para prevenir la corrupción y el soborno, entre otros.

Esto atañe a compañías grandes con consideración de entidad de interés público, es decir, aquellas en las que el número medio de trabajadores durante el ejercicio sea superior a 500 y que durante dos años consecutivos reúnan al menos dos de las siguientes circunstancias: que el total de las partidas del activo sea superior a 20 millones de euros, que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros o que el número medio de trabajadores empleados sea superior a 250.