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las transacciones mercantiles

Las empresas burlan la ley en el pago a proveedores

Las pymes se ven forzadas a cargar con costes financieros para cobrar en el periodo legal de 60 días

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad reclama aprobar ya un régimen sancionador

Agustí Sala

El presidente de la Plataforma contra la Morosidad, Antoni Cañete, en el centro, junto al presidente de Pimec, Josep González, en una reunión con el ministro de HAcienda, Cristóbal Montoro (de espaldas).

El presidente de la Plataforma contra la Morosidad, Antoni Cañete, en el centro, junto al presidente de Pimec, Josep González, en una reunión con el ministro de HAcienda, Cristóbal Montoro (de espaldas). / ÁLVARO MONGE

Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), destaca con frecuencia en tono de broma que "España inventó el helicóptero, el submarino... y el 'confirming'". Y no es que este sea un instrumento financiero perverso por naturaleza (consiste en ceder a una entidad financiera la gestión de pago a proveedores, que pueden cobrar antes del plazo previsto a cambio de unos intereses y comisiones); sino que puede serlo solo como consecuencia del uso que se le da. 

Y eso es precisamente lo que denuncian desde esta organización que agrupa a más de un millón de pymes autónomos: las tretas y ardides de las grandes compañías, en especial de constructoras cadenas de gran distribución, para simular que cumplen la ley de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, pero a costa de que sus subcontratistas carguen con costes financieros por el mero hecho de cobrar sus facturas dentro del periodo legal.

La única salida, según Cañete, es que se apruebe definitivamente la ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad con un régimen sancionador. "Nada justifica que este proyecto, que ya se ha tramitado, esté paralizado en el Congreso", afirma. Con esta medidas, agrega, no se desvirtuarán los avances de la ley de contratos del sector público, que entró en vigor en marzo pasado y que obliga al cumplimiento de los plazos de pago a las empresas que licitan.

La ley del 2010, por su parte, fijaba un plazo máximo de 60 días en las transacciones entre empresas y de 30 en las de estas con las administraciones a partir del 1 de enero del 2013. Según los estudios de esta entidad, aún no se cumplen en términos medios ninguno de estos plazos, especialmente en el sector privado.  

Según Cañete, que también es secretario general de la patronal catalana Pimec, las grandes compañías "han comenzado a tirar de ingeniería" con sus subcontratas, lo que ha hecho que cobrar dentro del plazo legal sea un coste para los beneficiarios debido a "una posición de dominio" y pese a  que "por ley está prohibido el pacto entre las partes". Según los datos de la Plataforma, a casi tres de cada cuatro proveedores "se les impusieron plazos de pago superiores a los de la ley" el año pasado.   

El caso más llamativo es el del "'confirming' con anticipo obligatorio", mediante el que el proveedor es obligado contractualmente al anticipo de un pago confirmado en la fecha y al coste que el contratista principal le convenga", destaca la PMcM. La novedad no es tanto que se obligue a aceptar un 'confirming', sino "obligar a anticiparlo en una fecha determinada, con lo que ello supone".

Un ejemplo con una deuda de 100.000 euros a un interés del 2,37% y una comisión del 0,50% lo ilustra mejor. Sin ninguno de estos sistemas, el proveedor cobraría 100.000 euros antes de 60 días. Pero si se ve obligado a firmar un contrato de 'confirming' a 60 días, cobrar a los 57 días supone que pericibirá 99.477 euros y cargará con una tasa anual equivalente (TAE) del 87,56%, según el ejemplo proporcionado por la plataforma. De la cantidad a cobrar, el afectado tiene que descontar 22,74  euros de intereses más otros 500 de comisión, es decir, un total de 523 euros.

El efecto queda más diluido cuando se trata de un contrato a más largo plazo, por ejemplo de 240 días. En ese supuesto, el proveedor percibirá a los 57 días un total de 98.348 euros, lo que supone una TAE del 4,02%. En este caso, a los 500 euros de comisión hay que sumarle 1.152,24 euros de intereses, lo que supone un total de 1.652 euros. Los proveedores solo se libran de los costes si esperan al vencimiento del contrato.  

La práctica de hacer el contrato a largo plazo "diluye el efecto financiero real del anticipo, simulando unos costes financieros normales cuando, en realidad, se trata de intereses que exceden con mucho el límite de la usura", según la plataforma.

Cuanto más largo sea el plazo del 'confirming' con "anticipo obligatorio", "más disimulado queda el interés real que está pagando el proveedor a la entidad financiera o al propio cliente por el hecho de cobrar sus facturas dentro del plazo legal de pago", agregan. Según la PMcM, el plazo de muchos de los 'confirmings' que se utilizan "supera ampliamente los 200 días".

El sistema, además, supone ventajas para las compañías que lo practican porque "consiguen simular el pago dentro del plazo legal" y además contabilizan la deuda en su balance como "cuentas a pagar a proveedores", lo que permite "mantener intacta su capacidad de endeudamiento", así como "obtener una gran rentabilidad financiera, que normalmente comparte con el banco". Para el proveedor, en cambio, el efecto "es pernicioso" y, a su vez le ocasiona "un gravoso coste financiero".

  

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