Negociación colectiva

Sindicatos y patronales encaran la recta final por el acuerdo salarial

El pacto incluye un alza del 2% en los salarios, más el 1% variable, y se compromete a un mínimo por convenio de 1.000 euros mensuales

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Gabriel Ubieto

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Patronales y sindicatos encaran la recta final en las negociaciones para cerrar el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, con la presión del día 30 de junio como fecha límite. La fumata blanca en el cónclave entre patronal y sindicatos se ha hecho esperar más de un año y medio, aunque las diferentes partes son optimistas sobre poder cerrar este año un pacto que marque como referencia unos incrementos salariales del 2% hasta el 2020, a los que cabe sumar aumentos complementarios del 1% en función de variables como la productividad o los resultados, así como subir el salario mínimo por convenio a los 14.000 euros anuales.

La CEOE tiene programada una junta de directivos el próximo martes 26 de junio en la que, previsiblemente, ratificará los últimos puntos que junto a Cepyme y CCOO y UGT cierren en las reuniones previstas para el lunes.

Por su parte, los sindicatos con mayor representación entre los trabajadores trasladaron a lo largo de la pasada semana sendos documentos internos a sus afiliados con los principales consensos sobre los que estaban avanzando con la patronal. "No están cerrados, pero andamos cerca", reconocen fuentes de ambas partes presentes en la negociación.

En dichos documentos, además de los incrementos salariales que competen directamente y de manera bilateral a las partes, los sindicatos también han desgranado una serie de puntos en los que el Gobierno y la geometría parlamentaria son claves. La moción de censura que ganó Pedro Sánchez y los posicionamientos del nuevo ejecutivo han tenido un doble efecto. Por un lado, han ralentizado las negociaciones, a la espera de la toma de posesión y de las primeras declaraciones de intenciones y, por el otro, han dibujado un escenario, "en principio", favorable a los sindicatos, según estos consideran.

Los sindicatos le reclaman al nuevo gabinete de Pedro Sánchez que utilice herramientas como la del decreto ley, entre otras, para derogar aspectos de la reforma laboral del PP del 2012. En ese sentido, la voluntad de recuperar la ultraactividad o la preminencia de los convenios sectoriales por encima de los de empresa ha cobrado forma en las últimas semanas de negociaciones, sobre todo después de la reunión convocada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que se les comunicó la intención del Ejecutivo de acometer una reforma laboral a dos velocidades. A partir de ese punto, el intercambio de información y documentos ha sido continua.

Cuestiones como la reformulación de los contratos de relevo, de los expedientes de regulación de empleo o medidas para combatir la alta temporalidad del mercado laboral español también se están debatiendo entre patronales y sindicatos para llevar, de la manera más consensuada posible, a las comisiones tripartitas.

Más de un año y medio de negociaciones

Si bien la palabra "inminente" ha estado en boca de las diferentes partes durante las últimas semanas, los líderes de la CEOE CepymeJuan Rosell y Antonio Garamendi, y los de CCOO y UGTUnai Sordo y José María Álvarez, llevan alrededor de un año y medio en negociaciones intermitentes para alcanzar el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. El año pasado se levantaron de la mesa por estas mismas fechas sin pacto y el vigente actualmente venció en el 2017. Algo que este año no pasará, según han repetido insistentemente los sindicatos: "O hay pacto o habrá conflicto".  

La evolución de las negociaciones ha ido avanzando de manera paralela a los cambios semánticos en el discurso de los implicados. De esta forma, la patronal correspondió hace unos días al gesto de los sindicatos de desconvocar las movilizaciones del 16 de junio sustituyendo el "hasta el 2%", cuando hablaba de los incrementos salariales, por un "en torno al 2%".

De esta manera, la cifra alcanzada supone un término medio entre ambas posturas, ya que la cifra inicial de los sindicatos era del 3,1%, que, dependiendo de la productividad, puede llegar a alcanzarse con las condiciones del acuerdo. Por la otra parte, una de las condiciones de inicio de las patronales era introducir dicha variable de la productividad, para adaptar los incrementos dependiendo del funcionamiento concreto de cada empresa.

No obstante, tras más de 18 meses de contactos y con la fecha límite del 30 de junio a tocar, antes de que el adjetivo "inminente" acompañara casi todas las declaraciones de las partes, las negociaciones alcanzaron momentos de máxima tensión que hacían difícil preveer el acuerdo. El momento de mayor confrontación fue el pasado 22 de mayo, cuando los sindicatos se concentraron ante las sedes de las patronales en todo el país denunciando el bloqueo de las negociaciones. El secretario general de la federación catalana de UGT, Camil Ros, llegó a amenazar con una huelga general "pasado el verano".

Un acuerdo en dos tiempos y por ratificar

No todos los temas que se han empezado a tratar en las negociaciones se cerrarán el día 30, ya que cabe recordar que el AENC es un acuerdo no vinculante que actúa como marco de referencia. En esta característica se escudan las partes para poder cerrar los incrementos salariales y seguir negociando en los aspectos de la negociación tripartita.

Estos atañen a cuestiones como las cláusulas de flexibilidad de la jornada, tanto para trabajadores como para empresarios, como otras relacionadas con la formación, la salud laboral, el absentismo o la subcontratación, entre otras materias.