La CNMV detecta irregularidades en las cuentas del Popular del 2016

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) ha detectado "datos inexactos o no veraces o con información engañosa o que omite aspectos relevantes" en las cuentas del Popular del 2016, las últimas anuales antes de su intervención y venta al Santander en junio del 2017. El organismo supervisor así se lo ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional que investiga la deblace de la entidad, Fernando Andreu, según ha informado 'Expansión' y ha confirmado el presidente de la institución, Sebastián Albella.

El cargo público no ha querido desvelar más datos y se ha remitido a su intervención en la comisión de investigación de la crisis en el Congreso del pasado enero: "Llegué hasta dónde pude". Entonces anunció que la CNMV analizaba "en qué medida es razonable imputar esos resultados en su integridad a los seis primeros meses del 2017, periodo en que se produjo la resolución, o si al menos en parte debían haberse imputado a ejercicios anteriores". Ya controlado por el Santander, el Popular anunció unas pérdidas de unos 12.000 millones de euros entre enero y junio del año pasado, cuando sus números rojos eran de 137 millones hasta marzo y de 3.485 millones en el 2016, mientras que en el 2015 ganó 105 millones y en el 2014, 330 millones.

La actuación de la CNMV supone un duro golpe para Ángel Ron, presidente del banco entre el 2002 y febrero del 2017. Al haber una investigación judicial abierta, el supervisor ha paralizado su expediente administrativo . Pero las irregularidades detectadas se incorporarán con toda seguridad a la causa.

Otras investigaciones

En su intervención de enero, Albella también reveló que la CNMV estaba analizando, asimismo, la reexpresión de las cuentas del 2016 que realizó el sustituto de Ron, Emilio Saracho, en abril del año pasado. Quería aclarar, explicó, la "naturaleza y causas" de aquellos ajustes. Asimismo, anunció que su institución había requerido información y documentación detallada sobre la remuneración de los consejeros del Popular, "de los que podrían derivarse consecuencias sancionadoras". En particular, se refirió a la "necesidad de claridad en relación con la parte de las remuneraciones que se presenta como pensiones o planes de previsión a largo plazo", probablemente en relación a los derechos adquiridos por Ron (1,1 millones al año hasta su jubilación, para los que el banco reservó 24 millones).

Albella ha explicado que las irregularidades detectadas podrían dar lugar en su momento (después de que acabe el proceso judicial) a sanciones por falta muy grave, grave o leve, como determina la ley del mercado de valores. También ha admitido que la imagen de los supervisores se ha visto afectada por casos como el de Bankia y el Popular, pero ha argumentado que la labor que realizan es "difícil y compleja" y que "nada garantiza una seguridad total". Además, ha lamentado que "las herramientas de los supervisores son insuficientes, los medios no permiten llegar a donde querríamos llegar y la normativa va siempre un poco por detrás".

En el mismo foro, el subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, se ha negado a dar ni siquiera el mínimo de explicaciones que ha ofrecido Albella: "Sobre el Popular no quiero hablar".