Ofensiva para modificar la LAU

"Que un contrato de alquiler de una vivienda tenga una vigencia de tres años es una anomalía para el sector inmobiliario". La sentencia puede atribuirse a cualquiera de los agentes políticos, económicos y sociales relacionados con el mercado del arrendamiento español. Sin embargo, esa situación es la que define la ley de arrendamientos urbanos (LAU) que modificó el PP en el 2013 para, en teoría, activar un mercado alejado de los estándares europeos. De hecho la ley justifica su esencia de esta forma:  "Flexibilizar el mercado del alquiler para lograr la necesaria dinamización del mismo, por medio de la búsqueda del necesario equilibrio entre las necesidades de vivienda en alquiler y las garantías que deben ofrecerse a los arrendadores". Pero la realidad es que la dinamización del mercado puede ponerse en duda. 

Cuando se aprobó en el 2013 la ley, el alquiler representaba el 17% del parque total de vivienda. En el 2017, el porcentaje a duras penas sobrepasaba el 20% del estoc. En ese mismo periodo, los precios en la zona de mayor demanda han crecido a un rito casi del 30%. En Barcelona, por ejemplo el precio medio del arredamiento ha pasado de los 681,5 euros en el 2013 a los 877,2 en diciembre del 2017. Es decir, un 28,7% más desde que la ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) aquel año. 

El caso es que la ineficacia legal para solucionar el problema de base (la falta de un mercado de vivienda de alquiler) y su eficacia para crear una 'burbuja' de precios en el mercado han provocado una ofensiva en el sector inmobiliario --tanto desde el sector público como del privado- para modificar la ley, particularmente en lo que se refiere a la duración de los contratos. Ese es uno de los primeros objetivos que se ha fijado la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Su titular, Damià Calvet, ha dado a conocer su intención de cambiar la legislación. Fuentes consultadas señalan que la voluntad del Govern es aprobar un decreto ley-"si jurídicamente se sostiene", dicen fuentes cercanas a la Conselleria o, de lo contrario, impulsar un frente legislativo en el Congreso de los Diputados para modificar la ley. 

Cambio de escenario

Un propósito que no tardarán mucho en poder llevar a cabo, pues tanto el PSOE como Podemos registraron en el Congreso proposiciones de ley para modificar la actual normativa del alquiler. Fueron vetadas por el PP, pero ahora el Gobierno de Pedro Sánchez ha levantado el veto y la primera que se tramitará a las del PSOE: 'Proposición de ley de medidas de fomento del alquiler estable de vivienda'. La primera de las propuestas que incluye es que los contratos tendrán prórroga forzosa hasta los cinco años de duración. Transcurridos cinco años de alquiler, el contrato se prorrogará anualmente hasta un máximo de tres años más, salvo que el inquilino manifieste que abandona la vivienda.

Además incluye otras propuestas, como que la subida de la renta estará sujeta a la evolución del IPC, es decir al incremento real del coste de la vida. Se limitan las fianzas o avales adicionales que el arrendatario tiene que prestar para lograr el alquiler de la vivienda. "Nadie tendrá que avanzar hasta 4.000 euros para alquilar una vivienda", ha destacado Beatriz Corredor, secretaria de Vivienda del PSOE. El proyecto de ley además incluye incentivos fiscales relacionados con la creación de un índice de referencia de precios. "Si el propietario alquila por debajo del índice de referencia, tendrá ventajas fiscales", ha comentado Corredor.