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financiación pública

La Generalita ofrece a los ayuntamientos 110 milllones para alquiler social

El programa de ayudas permitirá incorporar 1.800 pisos al estoc de vivienda pública destinada a colectivos vulnerables

Max Jiménez Botías

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. / acn / Andrea Zamorano

L'Institut Català de Finances (ICF) y la Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) destinará 110 millones de euros a una línea de financiación para la adquisición de vivienda social mediante el sistema de tanteo y retracto que la AHC ha estado utilizando para la compra de viviendas procedente del parque de las entidades financieras en proceso de ejecución hipotecaria. Por este procedimiento la Generalitat ha adquirido hasta ahora 1.000 pisos. La nueva línea de financiación se dirige a ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro, entidades del tercer sector y promotores sociales. Estos agentes del sector inmobiliario podrán adquirir los inmuebles por el mismo procedimiento y destinarlos a alquiler social. Según el director de la AHC, Jaume Fornt, la línea de préstamos, "a una media de 80.000 euros, permitirá ampliar la oferta en unos 1.800 viviendas", que podrán sumarse a las 17.000 que componen el actual parque de alquiler social de la Generalitat.

Las entidades que reciban estas viviendas tendrán que destinarlos a situaciones derivadas de las mesas de emergencias. Los inquilinos pagarán solo 30 euros al mes cuando los ingresos estén 1,86 veces por debajo del indicador de renta de suficiencia (IRSC). La Generalitat subvencionará la diferencia entre los 30 euros y los gastos de devolución del préstamo. Si no hay situaciones de este tipo, se podrán destinar las viviendas a alquiler social para otros colectivos con necesidades en el municipio. Está por ver cuál será el grado de participación en el programa por parte de los ayuntamientos, ya que los creditos procedentes del plan computan como deuda y no todos los municipios pueden permitirse aumentar su déficit.

La línea de financiación se suma a otro programa de ICF y la AHC dotado con 140 millones de euros en abril destinada a promotores que construyan vivienda para el alquiler social. Esos pisos deberán construirse en alguno de los 152 municipios con fuerte demanda acreditada, según el Pla Territorial Sectoria de l'Habitatge.

Mejorar el parque social

El nuevo 'conseller' de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha subrayado durante la presentación del programa de ayudas, la voluntad de la 'conselleria' de mejorar el parque de vivienda social de Catalunya y conseguir el objetivo del 5% del total del estoc de vivienda --frente a menos del 2% actual-- que fija el Pla Territorial en un horizonte de 15 años. "El Govern es consciente de la problemática de la vivienda. Pero también de que es compleja y no hay una solución única. Esta pasa porque haya más recursos, pero también más cooperación entre las administraciones", ha recordado antes de precisar que los recursos disponibles en este momento no son sucificientes. Particularmente, los procedentes del nuevo Plan de la Vivienda  aprobado por el Gobierno del PP que asigna unos escasos 50 millones de euros a las ayudas al alquiler de las que podrá disponer Catalunya en los próximos tres años.

Pere Aragonèsvicepresidente de la Generalitat y responsable del área de Hacienda, ha recordado que el presupuesto para vivienda del Govern ha pasado de 219 millones de euros en el 2015 a 291 millones en el 2017, aunque ha reconocido que ese presupuesto debe ser acompado de otros recursos para alcanzar los objetivos fijados.

Calvet considera que hay burbuja de precios del alquiler

El conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, considera que  existe una burbuja en los precios del alquiler, especialmente en el área metropolitana de Barcelona: "No lo negamos". Y ha a afirmado que para intentar revertir esta situación el Govern introducirá una modificación legislativa para que los contratos de alquiler pasen de los tres años actuales a un mínimo de cinco, e incluso ha abierto la puerta a prórrogas a 10 años. Ha recordado que cuando el Gobierno del PP redujo los contratos de alquiler a tres años lo hizo en una época de crisis económica en que el parque de vivienda estaba paralizado, no se vendía y se intentó que pasara a alquiler.

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