Bahamas y San Cristóbal ya no son paraísos fiscales

La lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea sigue perdiendo miembros. Nació a principios de diciembre del año pasado con 17 jurisdicciones, en enero se redujo a 9 tras la decisión de los 28 de sacar de la misma a Bahrein, Islas Marshall y Santa Lucía y, desde este viernes, tampoco figuran en ella ni Bahamas ni San Cristobal y Nieve por los compromisos que han asumido para reformar sus políticas fiscales en línea con las exigencias de la UE.

Desde ahora la lista contará únicamente con siete territorios en sus filas, de las 92 jurisdicciones que recibieron inicialmente la carta de la Comisión Europea anunciándoles que iban a ser objeto de un examen en profundidad para evaluar su aplicación de las normas en materia de transparencia fiscal, fiscalidad justa y cumplimiento de las directrices de la OCDE sobre la erosión de las bases imponibles.

Se trata de Samoa americana, Samoa, Guam, Namibia, Palau, Trinidad y Tobago y las islas Vírgenes de Estados Unidos. “Tener menos jurisdicciones en la lista es una medida del éxito del proceso”, ha insistido el presidente de turno del Consejo de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin), el búlgaro Vladislav Goranov.

Es más, ninguno de los territorios que han salido de la lista negra y que han pasado a engrosar las filas de la denominada lista gris se librarán de la lupa de la Comisión Europea. “Actualmente tenemos 7 países y 65 en la gris. Y quisiera reiterar que pasar a la lista gris no quiere decir que nos olvidemos de estos países. Tienen que tomar medidas en base a unos criterios de la UE que ellos han prometido. Y si no hacen los cambios podrían terminar de nuevo en la lista negra”, ha avisado el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Domvrovskis.

En el origen de esta descafeinada medida están las trampas fiscales de cientos de multinacionales y particulares para eludir el pago de impuestos en la UE que, fueron destapados a raíz de los escándalos del Luxleaks en 2014 y de las diversas filtraciones posteriores. Según las estimaciones que maneja Bruselas, las prácticas fiscales agresivas generan pérdidas anuales de más de 50.000 millones de euros en impuestos no pagados.