El número dos de Montoro, investigado por posible prevaricación y malversación

José Enrique Fernández de Moya, actual secretario de Estado de Hacienda, ha sido citado a declarar como investigado (lo que antes era imputado) por unos posibles delitos de prevaricación administrativa continuada, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos continuado y cohecho y tráfico de influencias durante su etapa como alcalde de Jaén entre 2011 y 2015. Fernández de Moya ha recordado que una denuncia idéntica ya fue archivada en 2014 por la Fiscalía Provincial, “que dijo que actué siempre y en todo momento con la legalidad en la mano”. Tanto IU como el PSOE han pedido la dimisión o el cese de la mano derecha del ministro Cristóbal Montoro. “¿Qué va a ser lo siguiente, poner al Dioni?”, se han preguntado los socialistas en el Senado.

Fuentes judiciales han confirmado que la investigación se inició a raíz de una querella presentada por dos miembros del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jaén a finales del pasado año. Una vez incoadas las diligencias, el juzgado de instrucción 2 de Jaén ha estado recabando información del consistorio, de la Agencia Tributaria y un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Guardia Civil. Según esas fuentes, las pesquisas se centran en cuatro personas, incluida el exalcalde de Jaén y actual número 2 del Ministerio de Hacienda o una de sus tenientes de alcalde, que han sido citados a declarar el próximo 5 de junio ante los “indicios de comisión de diversos delitos”. Asimismo, se está tomando declaración como testigos a otros cargos del ayuntamiento jiennense, como el actual interventor.

Pagos inflados y contratos fraccionados

Las sospechas sobre Fernández de Moya se centran en los supuestos “pagos inflados” por más de dos millones de euros a una empresa de fuera de la provincia a la que se adjudicaron tareas de mantenimiento de las fuentes ornamentales, alumbrado y semáforos de la ciudad. Una empresa que casualmente era de Toro (Zamora), justo la provincia del compañero de bancada en el Senado del entonces alcalde, según denunció en aquellos el grupo municipal del PSOE. En las diligencias que obran en la causa, el entonces alcalde ordenó los pagos a la compañía pese a los informes y reparos de legalidad del interventor municipal. Además, la empresa habría presentado facturas falsas por conceptos o servicios no ejecutados, o inflando el coste de los mismos, lo que provocó un “sobrecoste de considerable gravedad” para el Consistorio. Los socialistas ya denunciaron en 2013 que el ayuntamiento estaría fraccionando contratos para “vulnerar la ley” y poder adjudicar esos servicios “a dedo”.

En su etapa de primer edil, donde logró mayoría absoluta con 16 de los 27 ediles, Fernández de Moya llegó a admitir que cobró sobresueldos del PP, que atribuyó a tareas de “representación, dietas, locomoción y asistencia a actos de partido”, aunque posteriormente justificó que se trató de ingresos “declarados y fiscalizados”. A su marcha dejó al Ayuntamiento de Jaén como el de mayor nivel de endeudamiento del país, más de 550 millones de euros, aunque él lo atribuyó a la herencia recibida de la anterior corporación local. Cuando alcanzó el bastón de mando, la deuda sin embargo rozaba los 390 millones. Además, también saltó a la palestra por incumplir en varias ocasiones la regla de gasto y fue el encargado de la intervención del Ayuntamiento de Madrid.

IU y PSOE piden su dimisión

El diputado de Unidos Podemos y líder de Izquierda Unida Alberto Garzón ha pedido su dimisión y ha considerado que esta actuación deja “mermada” la confianza en los Presupuestos de 2018, aunque el secretario de Estado se ha defendido desde Almería asegurando que una denuncia idéntica ya fue archivada. “Mi patrimonio es mi honestidad, mi patrimonio es mi integridad personal y ésta no la va a destruir nadie”, ha asegurado. Y ha apelado a un informe del secretario municipal del Ayuntamiento que “establecía claramente la plena validez de la actuación de este alcalde”. Pero sus palabras no convencen a la oposición, que ha pedido al ministro de Hacienda que “fulmine inmediatamente” a su secretario de Estado porque tras su imputación “no se sostiene” que continúe como número 2 del ministerio. “¿Qué va a ser lo siguiente?, ¿poner a El Dioni al frente de las cuentas públicas?”, ha ironizado el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, haciendo referencia al vigilante de seguridad que en 1989 robó 298 millones de pesetas de un furgón blindado.