junta de accionistas

Oliu defiende que el Sabadell "no tiene posición política"

Defiende que la marcha a Alicante quiso dar respuesta a una situación de "inquietud"

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El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha trasladado este jueves a los accionistas que la entidad "no tiene ninguna posición política" en lo que se refiere al tema de la independencia de Catalunya. Así lo aseguró en la Junta General de Accionistas de la entidad, la primera que se celebra en Alicante desde el traslado de su sede social fuera de Catalunya el pasado mes de octubre.

Durante las intervenciones de los accionistas se produjeron momentos de discusión, entre alguno que pedía al banco que dejara de respaldar al Estado español en el 'procés' y afirmaba que no había democracia y otros que respondieron al grito de "¡viva España!".

El responsable del Sabadell quiso dejar claro que la entidad "no tiene ninguna posición política" y que el traslado de la sede respondió a "adaptar su situación a las necesidades del momento" y "cuando fue estrictamente necesario". Además, ha indicado que los bancos no son empresas al uso y que había que hacer frente a una situación de "inquietud". Oliu ha pedido a los accionistas del Sabadell estar "tranquilos" porque el banco siempre tomará las decisiones "adecuadas" y actuará de "manera profesional" para adaptarse a situaciones políticas "ajenas" a la entidad.

Actitud previsora

Por otra parte, recordó que Sabadell fue "previsor" y en el 2015 cambio sus Estatutos para delegar en el consejo de administración la decisión del traslado de sede. En CaixaBank, añadió, "no fueron tan previsores como nosotros".

Oliu ha defendido ante sus accionistas la decisión de la entidad de trasladar su sede social y fiscal a Alicante, un acuerdo que el consejo de administración tomó "con firmeza y unanimidad" y que fue ejecutado, ha dicho, de forma "impecable" por parte del equipo directivo. Ha comenzado su intervención aludiendo a que esa decisión fue adoptada en base a "hechos y datos objetivos, al margen de cualquier otra consideración", y que se adoptó "en un contexto político complejo, ante la necesidad de garantizar el entorno de certidumbre institucional y seguridad jurídica" y asegurar la confianza de clientes y accionistas.