Hacienda admite que el Govern tenía dinero fuera del control de Montoro para el 1-O

El Ministerio de Hacienda ha desinflado la rotunda afirmación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que no se pagó con "dinero público" el referéndum del 1-O. Poco después de conocerse este miércoles que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha requerido explicaciones al ministro por su polémica afirmación en una entrevista concedida a El Mundo, Hacienda ha intentado precisar el alcance de la afirmación de Montoro. 

Ha sido a través de la secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Belén Navarro, aprovechando su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. De sus explicaciones se desprende que, si bien existe un control férreo de Hacienda sobre los fondos que el Estado hace llegar a la Generalitat, también es cierto que el Govern tenía dinero fuera de la vigilancia estricta de Montoro que pudo ser utilizado para el 1-O. Este dinero es el que procede de los ingresos propios que la Generalitat recauda de sus ingresos propios y que vienen a representar el 20% del total de sus recursos.

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Además el rígido control de los pagos que se impuso con la intervención de las cuentas de la Generalitat, se empezó a aplicar a partir del 15 de septiembre. Con anterioridad el sistema tenía grietas y eso fue lo que finalmente llevó a Montoro a intervenir las cuentas de la Generalitat, después de que el exconseller Oriol Junqueras se negara a enviar a Hacienda los informes semanales de sus pagos. 

Control limitado

En la parte final de su intervención en la Comisión de Presupuestos, Belén Navarro ha sido rotunda al afirmar que no ha sido posible utilizar en el referéndum ni el dinero que el Estado facilita a Catalunya a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ni el que le hizo llegar a través de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica a partir del 15 de septiembre. Fue en esa fecha cuando Hacienda intervino de facto las cuentas de la Generalitat y extendió a las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica la misma plataforma informática del FLA que utiliza el Estado para pagar directamente a los proveedores, con la colaboración de las entidades financieras. 

"Desde ese punto de vista, se puede decir que no ha habido dinero, ni del FLA ni el control de las entregas a cuenta, que no haya sido destinado al pago de una factura de un proveedor", ha dicho Navarro. No obstante, la alto cargo de Hacienda se ha referido a que los tribunales podrían estar investigando el posible desvío de "algún dinero" distinto de las fuentes comentadas (FLA y pagos a cuenta a partir del 15 de septiembre). "O bien que ese pago de facturas, certificado por interventores, realmente no correspondiera a tal fin", ha añadido abriendo las posibilidades a una hipotética falsificación de las facturas cargadas en la plataforma del FLA y del control de pagos.

Otras fuentes de Hacienda, en declaraciones a EL PERIÓDICO, matizaron después que la intervención de los pagos de la Generalitat tras el 15 de septiembre se aplicó al 100% de los recursos autonómicos (al 80% proveniente del sistema de financiación y al 20% restante, de los impuestos autonómicos).

Acusación de malversación

Después de escuchar a Navarro, y dando por válido que los sistemas de control de Hacienda impidieron a la Generalitat usar dinero del Estado o propio después del 15 de septiembre para financiar el referéndum, cabe admitir la posibilidad de que eso sí pudiera haber sucedido antes de esa fecha.

Esta hipótesis resta rotundidad a la afirmación de Montoro, negando el uso dinero público en el referéndum, y no contradice la acusación por malversación de fondos públicos que investiga el juez Pablo Llarena. En su auto del 21 de marzo de 2018, Llarena extiende la acusación de malversación a los exconsejeros de Gobernación, Cultura, Justicia, Empresas y Agricultura; el juez considera presuntamente malversados 1,6 millones de euros que se destinaron a pagar campañas de publicidad, de material electoral y a los observadores internacionales. Además, el juez mantiene una pieza separada, que declaró secreta, para profundizar en la investigación relativa al dinero público utilizado en la consulta ilegal. Además, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona también investiga un posible delito de malversación de fondos públicos relacionado con la celebración del 1-O.