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LOS PRESUPUESTOS DEL 2018

La Autoridad Fiscal carga contra quienes auguran el fin de las pensiones

"No hay derecho a transmitir que esto va a ser un desastre" denuncia Escrivá

La Airef ve posible cumplir el objetivo de déficit del 2,2% del PIB este año

Rosa María Sánchez

José Luis Escrivá, presidente de la AIReF. 

José Luis Escrivá, presidente de la AIReF.  / AGUSTÍN CATALÁN

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha cargado este martes contra "la soberbia" con la que muchos estudios avanzan conclusiones "dramáticas" sobre al actual sistema público de pensiones sin tener en cuenta todo los datos y ha pedido "no crear una angustia innecesaria". "No hay derecho a transmitir que esto va a ser un desastre" ha dicho Escrivá en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados en respuesta a algunas de las cuestiones planteadas por los diputados.

Escrivá ha cuestionado las proyecciones de población sobre las que se asientan estos estudios y ha apuntado que "el tema está abierto" a partir de cuestiones tales como la mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo, un aumento de la tasa de actividad o la evolución de la emigración y la natalidad, entre otras cuestiones. "Cuando la incertidumbre es tan considerable, no hay derecho a transmitir esta soberbia" en los argumentos porque "sencillamente,

"No hay derecho a transmitir esta soberbia en los argumentos, porque no es verdad", dice Escrivá

no es verdad", ha rematado en tono vehemente. "Preocupa mucho la sensación que se traslada a los pensionistas de que hay un problema muy agudo que mermará sus ingresos. Y esto no está sustentado".

Según el presidente de la AIReF, las posibles "presiones" que va a sufrir el sistema de pensiones son "absorbibles y manejables" después de las reformas adoptadas en los últimos años. Escrivá ha apuntado que vincular la evolución de las pensiones con el IPC supondría un coste adicional de más de 7.000 millones de euros en 2023 y de más de 12.000 millones en 2030.

Déficit "ajustado pero factible"

El presidente de la AIReF ha comparecido en el Congreso con el fin de valorar el proyecto de Presupuestos  del Estado para el 2018. La Autoridad Fiscal considera que el objetivo de reducción del déficit público para el 2018 previsto en el proyecto, del 2,2% del PIB, es "ajustado, pero factible" ya que las dificultades que tendrán la administración central y la Seguridad Social se verán compensadas con la mayor holgura de ayuntamientos y comunidades autónomas. En consecuencia, según Escrivá, "no es necesario realizar una recomendación específica de adoptación de medidas" adicionales para ajustar las cuentas. 

En realidad, tras conocer las medidas incorporadas en el proyecto de Presupuestos, la AIReF estima que el déficit público del conjunto de las administraciones se reducirá desde el 3,1% del PIB anotado en el 2017 al  2,3%, en el 2018, una décima por encima de la del Gobierno. En este contexto, la previsión oficial del 2,2% se considera "ajustada, pero factible".

Ayuntamientos y Seguridad Social

Otra cuestión, es la fijación de objetivos para cada una de las administraciones. En este caso, la AIReF estima que los objetivos establecidos para ayuntamientos (0,0%) y autonomías (-0,4%) se podrán cumplir de forma "muy holgada", de modo que las corporaciones locales podrán anotar un superávit del 0,6% del PIB y las comunidades reducirán su déficit al 0,2%. Si embargo la AIReF juzga "muy improbable" cumplir el objetivo de la Seguridad Social (del -1,1% del PIB) e "improbable", en el caso de la administración central (-1,2%). Según la Autoridad Fiscal, el déficit de la Seguridad Social podría alcanzar el 1,5% del PIB y el de la adminsitración central, el 1,1%. A esta última estimación había que añadir el posible impacto por el rescate de las autopistas de peaje, estimado en unas dos décimas adicionales de PIB (algo más de 2.200 millones), si bien esta partida no computa a efectos del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) de la Unión Europea.

El rescate de las autopistas de peaje tendrá un impacto de unos 2.200 millones en el 2018

Por todo ello, Escrivá ha vuelto a reclamar en el Congreso una distribución "más realista" de los objetivos de déficit entre los distintos niveles de la administración, de modo que se tenga que la Seguridad Social y la autonomías tiene mayor presión en sus gastos que los ayuntamientos.

En línea con el Banco de España

El aval relativo prestado por la Autoridad Fiscal tanto a las previsiones de crecimiento económico como a los objetivos de déficit público formulados por el Gobierno está en línea con las consideraciones formuladas  este lunes por el gobernador del Banco de España, Luis María Linde.

Linde consideró "un poco optimista, pero no imposible" la previsión de recaudación (alza del 6%) del proyecto de presupuestos del Gobierno y destacó que hay "dudas" sobre la distribución del objetivo de déficit entre los distintos niveles de la Administración. "Es un presupuesto que tiene algunos riesgos, pero su incumplimiento no está en absoluto garantizado y hay tiempo para corregir por el lado de los ingresos o los gastos", resumió Linde tras pedir un "seguimiento continuo" de la recaudación. Máxime cuando el crecimiento nominal (incluyendo la inflación) de la economía previsto por el Ejecutivo es mayor que el del Banco de España: 4,3% frente al 3,8%

Crisis política en Catalunya

El presidente de la AIReF ha estimado en una décima el impacto de la crisis política de Catalunya en el crecimiento de la economía española en el 2018 que, de otro modo, hubiera sido el 3,2%, en lugar del 3,1% resultante. 

La crisis política en Catalunya restó una décima al crecimiento del PIB en el 2017, según la AIReF

Escrivá ha admitido que el impacto final sobre el crecimiento (una décima) resultó muy inferior a lo que se había estimado en octubre, tras la celebración del referéndum dle 1-O. "Los datos de octubre apuntaban a eso", pero siete meses después, "el impacto se ha ido diluyendo", ha descrito el presidente de la AIReF.

Este ha destacado, no obstante, que la economía catalana, que crecía por encima de la media española antes del aumento de la crisis política, ha pasado a avanzar a un ritmo inferior al del conjunto del país. 

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