Ir a contenido

banco de españa

Linde admite que el Popular debería haber sido rescatado en el 2012

El gobernador alega que dar más liquidez de emergencia al banco hubiera sido "ilegal"

El alto funcionario evita valorar por qué el Gobierno no aportó un crédito a la entidad

P. Allendesalazar

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en el Congreso.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en el Congreso. / JOS LUIS ROCA

En resumen, las autoridades españolas se equivocaron, pero es fácil decirlo ahora. El gobernador del Banco de EspañaLuis María Linde, ha admitido este martes que fue una "decisión mala" permitir al Popular recapitalizarse por medios privados en el 2012, cuando suspendió el examen europeo a la banca española a la que estaba condicionado el rescate comunitario solicitado por el Gobierno. "Aunque se saneó y se recapitalizcó no fue suficiente, aunque esto se ve ahora", ha justificado.

La consultora Oliver Wyman determinó entonces que la entidad tenía unas necesidades de capital de 3.223 millones de euros, que el banco cubrió mediante un plan que aprobó el Banco de España y que incluía una ampliación de capital de 2.500 millones y otras medidas. Una opción privada que Linde ha admitido que "fue una alegría porque era una entidad menos a ser financiada" con el rescate, si bien ha reconocido que, "post factum" (después de los hechos), hubiera sido mejor inyectarle dinero público o traspasar sus activos inmobiliarios tóxicos al banco malo Sareb, como se hizo con otras entidades.

Durante su segunda intervención ante la comisión de investigación de la crisis en el Congreso tras la del pasado julio, el gobernador se ha esforzado por defender la actuación de su institución previa a la caída del Popular y su venta al Santander por un euro. Ha revelado, así, que el banco fue sometido a una supervisión "más intensa" a partir del 2012 y a un "seguimiento continuado" a partir del 2013. En el 2015, ha añadido, se apreció un "deterioro relevante" de sus activos y en el 2016 se constató "problemas" en su cobertura de los activos problemáticos. Por ello el Banco Central Europeo (BCE), que había asumido la supervisión de los grandes bancos europeos, le instó a una ampliación de capital de otros 2.500 millones cuyo folleto, ha reconocido, "se quedó corto" al advertir de los riesgos que suponía invertir en la entidad. 

Por debajo del máximo

Linde también ha sostenido que el Popular era solvente a principios del 2017, pero empezó a perder depósitos "rápidamente", una situación que el BCE y el Banco de España seguían "cada día, en especial desde finales de marzo".  El 5 de junio, pidió una línea de liquidez de emergencia. El BCE subrayó hace unos días en Madrid que la competencia de dar esa liquidez es de la autoridad nacional (el Banco de España, en este caso), pero Linde ha querido dejar claro que lo hizo según el "marco legal" fijado por el supervisor europeo. 

Se trata de un asunto polémico. El gobernador ha reiterado que su institución dio "toda" la liquidez que pudo al Popular en función de los activos que presentó la entidad como garantías de esos préstamos. Haber dado más fondos de lo que permitían estas garantías, ha sostenido, hubiera sido una "ilegalidad". Además, ha defendido que el Banco de España aplicó recortes al valor de dichas garantías porque así lo fija la normativa del BCE y "en defensa" del dinero público, ya que los posibles impagos irían en contra del Tesoro.

Asimismo, ha revelado que el Banco de España pidió y obtuvo el permiso del BCE para inyectar al Popular una cantidad superior a 2.000 millones de euros de esa liquidez de emergencia, pero ha explicado que le aportó finalmente una cantidad inferior al máximo que podría haberle dado porque la entidad no le presentó garantías suficientes. También ha admitido que la ley hubiera permitido que el Tesoro español aportase liquidez adicional, pero no ha querido valorar por qué el Gobierno decidido no hacerlo.

Operación sospechosa

Linde, por otra parte, ha confirmado que el Banco de España ha enviado al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (Sepblac) la venta de la Torre Foster, una de los cuatro rascacielos del norte de Madrid, por parte de Bankia a un empresario de los Emiratos Árabes, Khadem Al Qubaisi, como ha adelantado 'El Mundo'. El gobernador ha explicado que la comunicación al organismo dependiente del Ministerio de Economía se ha retrasado un año porque el banco pidió acceso a la información y los servicios jurídicos del Banco de España consideraron que había que dárselo, pero ha negado que ello haya supuesto algún cambio. 

Además, ha afeado su actitud a la crítica asociación de inspectores del Banco de España. Así, ha defendido que el nuevo sistema de selección de personal de la institución está alineado con el del BCE y es "igual de riguroso que el anterior, sino más". También les ha instado a aceptar el nuevo sistema de supervisión comunitario, que están criticando: "Todo lo que sea despreciarlo o hablar mal sin base sólida es un grave error".

El Congreso pide aclaraciones a la Junta de Andalucía sobre la Fundación Cajasol

La comisión de investigación de la crisis del Congreso ha pedido aclaraciones a la Junta de Andalucía sobre la situación legal de la Fundación Cajasol. En concreto, le ha solicitado que le remita una orden del 23 de junio del 2014 de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la comunidad que permitió que la heredera de la antigua caja sevillana pasase de ser una fundación especial bancaria supervisada por el Ministerio de Economía a una fundación ordinaria bajo el paraguas del propio Gobierno autonómico. Fuentes parlamentarias sostienen que aquella norma fue aprobada pero no publicada. La comisión ya estudia demandar al presidente de esta fundación, Antonio Pulido, por mentir durante su comparecencia del pasado 27 de junio, como adelantó este diario.

0 Comentarios
cargando