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vida laboral

El Gobierno vuelve a aplazar que la mili compute para cobrar la pensión

El Ejecutivo incumple la disposición introducida en la reforma de las pensiones del 2011 por el PSOE

Soldados, durante el servicio militar.

Soldados, durante el servicio militar.

El Gobierno ha vuelto a aplazar la elaboración de una norma que contemple que el tiempo dedicado a la mili o la prestación social sustitutoria compute como vida laboral para cobrar la pensión, una decisión que ha suscitado las críticas de los partidos políticos que exigen que se cumpla la ley. El proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el 2018 vuelve a aplazar por quinto año consecutivo la elaboración de un sistema de compensación a la Seguridad Social que reconozca la interrupción de la vida laboral ocasionada por el tiempo destinado al servicio militar obligatorio o prestación social sustitutoria.

En concreto, suspende de nuevo la aplicación de la disposición adicional vigésima octava que incorporó la reforma de las pensiones socialista del 2011. Este mandato establecía que el Gobierno debía presentar en el plazo de un año un proyecto de ley para establecer un sistema de compensación a la Seguridad Social que reconociera ese periodo de tiempo que retrasó o interrumpió las carreras de cotización de esos trabajadores.

Sin embargo, el actual Gobierno aplazó su aplicación ya en los presupuestos del 2014, alegando que no estaban concluidos los estudios previos necesarios e "imprescindibles" antes de la adoptar una medida "que podría afectar de manera notable al equilibrio financiero del sistema". Esta medida podría afectar a los hombres nacidos entre 1954 y 1983 que realizaron el servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria, ya que ambas se suspendieron en el 2001.

A falta de datos oficiales de posibles afectados, al último reemplazo de la mili del año 2001 se presentaron algo más de 90.000 jóvenes, si bien este dato osciló cada año en función de la demografía a lo largo de los más de 200 años de servicio militar obligatorio.

Reclamación política

Los grupos parlamentarios de la oposición han exigido al Gobierno que deje de aplazar vía Presupuestos la elaboración de la normativa que permitiría a estas personas incrementar sus años cotizados. El portavoz de Empleo del grupo parlamentario socialista, Rafael Simancas, ha criticado que el Gobierno perjudique así a miles de ciudadanos que podrían verse beneficiados en su jubilación, sobre todo, después de que la crisis económica haya perjudicado sus cotizaciones y "muchos tengan dificultades para llegar a la pensión mínima". El portavoz de Empleo de Ciudadanos, Sergio del Campo, ha considerado que "el Gobierno no puede incumplir durante más tiempo el mandato de una ley".

Actualmente sí existe la posibilidad de computar el tiempo destinado a la mili o servicio sustitutorio en el caso de no alcanzar el periodo mínimo de años cotizados exigido para poder acceder a la jubilación anticipada o a la parcial.

Servicio social femenino

En este sentido, el grupo parlamentario socialista ha presentado una proposición no de ley para que las mujeres que cumplieron el servicio social femenino vinculado a la Falange Española igualen sus derechos con los hombres que hicieron la mili, al menos, a efectos de acceder a la jubilación parcial o anticipada.

El PSOE recordaba una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco del 2016 que considera como periodo cotizado este servicio y admite la demanda interpuesta por una mujer a la que le faltaban 19 días para sumar los 30 años de cotización necesarios para la jubilación anticipada.

La sentencia incide en que las condiciones de ese período de "trabajo activo prestado al Estado" y "excluido legalmente de cotización a la Seguridad Social" tiene una similitud patente con la mili o la prestación social sustitutoria por lo que deben considerarse días cotizados.

El servicio social femenino, obligatorio desde 1937 hasta 1978, se configuró como un "deber nacional de las mujeres españolas de 17 a 35 años" que debían desempeñarlo entre tres y seis meses en hospitales, escuelas, comedores o bibliotecas.

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