La Policía detiene a Falciani a petición de Suiza

Hervé Falciani, el experto en sistemas de información a quien se atribuyó la difusión de la lista que lleva su nombre de 130.000 clientes del banco suizo HSBC, ha vuelto a ser detenido a petición de Suiza por la condena a cinco años de cárcel que le impuso en rebeldía en el 2015, por unos hechos por los que ya fue reclamado sin éxito por las autoridades helvéticas. En el 2013, la Audiencia Nacional denegó su entrega al entender que el delito que le atribuía Suiza no estaba previsto en la legislación española, lo que hacía imposible su extradición. Ahora la reclamación helvética se refiere al delito de servir información económica de forma agravada, que, como tal, no figura en nuestro Código Penal, aunque trata de salvar ese importante escollo esgrimiendo la condena en firme.

Pero esta opción plantea un nuevo problema. Según fuentes jurídicas, España solo accedería a entregar a una persona juzgada en rebeldía si el país reclamante se comprometiera a celebrar un nuevo juicio contra él en el que no sufriera ningún tipo de indefensión y pudiera interponer los recursos correspondientes. En nuestro país solo se pueden celebrar juicios en rebeldía por delitos penados con hasta dos años de cárcel y en el caso de Falciani, Suiza le condenó a cinco.

En cualquier caso, su arresto ha coincidido con el procedimiento contra los líderes del 'procés', en el que el Tribunal Supremo cursó una orden internacional de detención contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, a quien se sitúa en Suiza, al igual que había hecho la exdiputada de la CUP Anna Gabriel para huir de la justicia española, si bien no hay confirmación oficial de su paradero. Agentes de la Comisaría General de la Policía Judicial detuvieron a Falciani este miércoles, en virtud de que su condena fuera firme en el 2016, lo que, según señalan fuentes policiales, es equivalente en Suiza a una orden de detención y entrega con fines de extradición. Dichas fuentes señalaron que la reclamación suiza se recibió el pasado 19 de marzo. La huida de Rovira no se produjo hasta el día 23, lo que a priori parece descartar los recelos sobre un hipotético trueque del que rápidamente se llenaron las redes sociales.

En manos de la Audiencia Nacional

El arresto del exempleado bancario se produjo en Madrid cuando se disponía a participar en un coloquio organizado por la Universidad Pontificia de Comillas sobre guaridas fiscales, y este jueves será conducido a la Audiencia Nacional, donde comparecerá en el Juzgado Central de Instrucción número 6, que deberá determinar si sigue adelante con la reclamación suiza. Habitualmente este tipo de procedimientos acaban en la Sala de lo Penal de la Audiencia, a la que le corresponde decidir si se accede a la entrega o no, opción por la que se decantó en el 2013.

Si la Audiencia niega la extradición, el Gobierno no tiene en ningún caso posibilidad de acordarla. En cambio, el Ejecutivo sí tiene la última palabra cuando el tribunal da vía libre a la reclamación, porque entonces puede acordarla o no. Además de las trabas que supone acceder a una petición de este tipo por una condena en rebeldía, fuentes jurídicas señalan que, si se comprueba que la petición actual se realiza por los mismos hechos por los que ya se rechazó, se entendería de forma equivalente a la de la cosa juzgada y sería rechazada. 

Nada más conocerse la detención del informático que dio a conocer datos de 130.000 cuentas bancarias de presuntos evasores fiscales y colaboró con la Fiscalía Anticorrupción española en la identificación de 637 españoles, el portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán, dio vía libre a las especulaciones con un tuit en el que se preguntaba si la detención no es "un favor de España para pedir la extradición de Anna Gabriel y otras personas exiliadas políticas", como la secretaria general de ERC. Olvidaba que el Supremo no llegó a solicitar el arresto de Gabriel, porque al estar solo procesada por desobediencia, solo se arriesga a una pena de inhabilitación, lo que hace inútil reclamarla. E ignoraba que Rovira no se fugó hasta cuatro días después de que llegara a manos de la Policía la nueva reclamación.