Golpe a los falsos autónomos en la industria cárnica

El método es sencillo: el matadero los despide y les dice que si quieren seguir trabajando tienen darse de alta como autónomos y asociarse a una cooperativa que les cobra 50 euros de cuota mensual.

De los 1.500 euros brutos que les pagan al mes, tienen que descontar esa cantidad además de las cotizaciones a la Seguridad Social –unos 275 euros mensuales- y los gastos de su ropa de trabajo, herramientas y material de seguridad –otros 35 euros -.

De esa forma, su sueldo real es hasta un 40% más bajo que el de otros compañeros que hacen su mismo trabajo, pero que sí son contratados directamente por el matadero que los emplea.

La Inspección de Trabajo acaba de fallar a favor de una demanda del sindicato gallego Confederación Intersindical Galega (CIG), que denunció la situación de más de un centenar de falsos autónomos de las empresas gallegas Frigolouro, Coren y Frinsa, a los que se obligaba a afiliarse a la cooperativa de trabajo catalana Servicarne.

La Inspección considera que se trata de un fraude de ley, y ha advertido a las empresas responsables de que deberán contratar a esos trabajadores con la antigüedad correspondiente, y a devolverles lo que hasta ahora habían cotizado de su bolsillo a la Seguridad Social . La decisión no solo les afecta a ellos. También al millar de afiliados a Servicarne que hay en Galicia y a los casi 5.000 que la cooperativa catalana tiene en toda España.

A diferencia de los trabajadores contratados directamente por las empresas que los emplean, los falsos autónomos de la industria cárnica trabajan a destajo y sin horario fijo; no tienen derecho a vacaciones ni a los descansos a los que obliga el Estatuto de los Trabajadores, y tampoco cobran si están de baja.

Tampoco recibirán una indemnización por despido, porque la empresa en cuestión puede prescindir de ellos gratis cuando se le antoje ya que, en teoría, no existe relación laboral. Y si se quedan en paro, tampoco tienen derecho a subsidio si no han suscrito esa opción del régimen de autónomos, voluntaria porque que incrementa notablemente la cuota mensual a la Seguridad Social.

Primer paso

«Hemos dado un primer paso para acabar con un sistema esclavista», asegura Xesús García, secretario comarcal de la CIG en Vigo, donde tiene su sede una de las sociedades afectadas, Frigolouro. García cree que tanto Servicarne como las compañías que empleaban falsos autónomos en Galicia y en España recurrirán en los tribunales, pero confía en que los jueces les den la razón a los trabajadores porque el informe de la investigación de la Inspección de Trabajo, asegura, «es contundente».

La CIG empezó hace tres años a tramitar denuncias individuales sin lograr apenas nada. El año pasado decidieron enviar conjuntamente a la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo en Madrid las demandas de un centenar de ellos. Los inspectores, que también han investigado otros casos fuera de Galicia, han concluido que no solo hay cesión ilegal de trabajadores, sino fraude a la Seguridad Social.

Y si eso acabara demostrándose, podría costarle a Servicarne su disolución. Este diario ha intentado sin éxito conocer la versión de la cooperativa, que asegura en su web que las acusaciones son «mentira». Además, se hace eco de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que «rechaza la existencia de una cesión ilegal de trabajadores, entendiendo que estamos ante una externalización de una actividad concreta entre empresas diferenciadas».

Las empresas afectadas tampoco se explican, pero, después de que se conociera la decisión de la Inspección, los medios regionales y locales de Galicia amanecieron con anuncios de algunas de esas firmas.