La PAH alerta de una "incuestionable burbuja" en el alquiler

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha advertido este miércoles en el Congreso que se está produciendo una "incuestionable burbuja" en el mercado del alquiler. A ello se suma, ha alertado, que cada vez es más difícil comprar una vivivenda por el paro y los bajos salarios, lo que ha provocado que "empiece a ser algo imposible" acceder a un piso para la mayoría de la población.

Ante la comisión de investigación de la crisis, su portavoz Francisco Morote ha rechazado medidas impulsadas por el Ministerio de Fomento como las subvenciones a los promotores de viviendas de alquiler o las ayudas directas a los arrendatarios. "Solo sirven para transferir dinero público a bolsillos privados y muchas veces amigos. Lo que hace falta es un parque público", ha defendido.

La PAH, ha recordado el activista, ha presentado una propuesta de ley con medidas como la dación en pago retroactiva, una moratoria de los desahucios hasta que haya una alternativa habitacional, precios de referencia para el alquiler como existe en Francia o Alemania ("No precisamente Repúblicas socialistas"), un parque público de viviendas aprovechando que hay 3,5 millones de pisos vacíos, y el acceso garantizado a los suministros básicos ("Cada año mueren 7.000 personas por pobreza energética").

Críticas al Gobierno

El portavoz de la PAH también ha defendido los escraches que la organización ha realizado a cargos públicos como la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría. "Los hicimos de forma simpática y pacífica, aunque recibimos multitud de demandas. Los jueces nos dieron la razón, y ello tuvo como reacción la ley mordaza", ha asegurado. 

Morote ha acusado al Gobierno de actuar a favor de la banca durante la crisis y de adoptar medidas "insuficientes o en algunos casos ilegales" para evitar los deshaucios.  En este sentido, ha asegurado que cuando su asociación ha intentado frenar los desalojos se ha "aporreado, multado y ladeado de mala manera" a sus miembros, pese a ser los "únicos" que han defendido "además de la justicia social, la legalidad".

"Partimos de una legislación del siglo XIX, mínimamente actualizada y sensiblemente inferior a las europeas en defensa de los derechos del consumidor", ha criticado antes de relatar el retraso del Ejecutivo en incorporar directivas comunitarias a la legislación española y las sentencias en contra de los tribunales europeos a varias de sus iniciativas. "Muchos pensionistas han perdido sus casas porque avalaban a sus hijos", ha lanzado también al gobernador del Banco de España, Luis María Linde, por sus recientes declaraciones al respecto.