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entidades intervenidas

La fiscalía pide hasta cuatro años de cárcel para tres exdirectivos del Banco de Valencia

Les acusa de invertir en una empresa del exministro Asución a sabiendas de que era inviable

El Periódico

La antigua sede de Banco de Valencia, actualmente propiedad de CaixaBank.

La antigua sede de Banco de Valencia, actualmente propiedad de CaixaBank. / MIGUEL LORENZO (El Periódico)

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este jueves la apertura de juicio oral contra tres exdirectivos del Banco de Valencia, para los que pide penas de cárcel de entre tres y cuatro años por administración desleal. Les acusa de haber provocado que la entidad invirtiera en una empresa de piscifactorías de Antonio Asunción (ministro de Interior del PSOE entre 1993 y 1994) y Társilo Piles (exconcejal del Ayuntamiento de Valencia por Unión Valenciana) a sabiendas de que era inviable y ocultando información al consejo de administración, lo que provocó un quebranto al banco de 29,1 millones de euros.

El fiscal pide cuatro años de prisión para Domingo Parra, consejero delegado del Banco de Valencia entre 1995 y su intervención en el 2011, y tres para Juan Carlos Zafrilla, director de auditoría interna y de participadas, y Celestino Aznar, que también estuvo al frente de las participadas. La entidad estaba controlada por Bancaja y, tras su fusión con Caja Madrid, por Bankia.

Las irregularidades se detectaron después de que el Banco de España tomase el control del banco, que precisó un rescate de 19.019 millones de euros según el Tribunal de Cuentas. Si son condenados como quiere la Fiscalía, los acusados deberán indemnizar con 29,1 millones a CaixaBank, entidad que adquirió el Banco de Valencia por un euro, salvo que la entidad de origen catalán renuncie a favor del público Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Información falsa

Asunción, que falleció en el 2016, y Piles también estuvieron en su día imputados en esta causa. Finalmente los que han sido acusados han sido los exdirectivos del banco. Según el fiscal, no hicieron caso a un informe que habían encargado a la firma Altervía en el que se advertía que la empresa de piscifactorías era insolvente y no llevaba una contabilidad mínimamente profesional.

Pese a ello, decidieron que el Banco de Valencia comprase un 20% de su capital, que luego ampliaron al 68%, al tiempo que ocultaron la situación real de la firma y dieron información falsa sobre la misma al consejo de administración de la entidad financiera.