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Competència acusa a Hacienda de imponer obligaciones "desproporcionadas" a Airbnb
La Acco, dependiente de la Administración catalana, avisa de que las cargas administrativas dirigidas a las plataformas de apartamentos son una traba a la libre concurrencia y la innovación
Agustí Sala
Redactor jefe de Economía
Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School
Agustí Sala
La Autoritat Catalana de la Competència (Acco) considera que las obligaciones tributarias impuestas por Hacienda a las plataformas de apartamentos turísticos como Aribnb "pueden ser desproporcionadas e injustificadas por el objetivo de perseguir el fraude fiscal".
El dictamen de este organismo se refiere al Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos impulsado por el Ministerio de Hacienda. Las cargas impuestas, añade, "pueden afectar significativamente" la actividad de estos negocios y "perjudicar la competencia".
En concreto, apunta a un nuevo artículo (art 54.ter) por el que se impone una nueva obligación de información a los intermediarios, en particular, las denominadas "plataformas colaborativas" que intervengan en la cesión de viviendas con fines turísticos. En el mismo se obliga a informar sobre los datos referentes al cedente de la vivienda, el importe percibido y la referencia catastral de la vivienda. En este caso se trata de datos cuya petición "está justificada dado que puede ser una información necesaria para la lucha contra el fraude fiscal".
No obstante tacha de medida "del todo desproporcionada" para aquellos intermediarios que no disponen de esta información, como es el caso de las plataformas tecnológicas que no intervienen en la transacción económica del alquiler.
Carga administrativa
A su vez, el real decreto "podría vulnerar las directivas comunitarias de servicios y de comercio electrónico", avisa. En conclusión, la obligación de recopilación datos y comunicación a la Agencia Tributaria "supone una carga administrativa que puede perjudicar las condiciones de competencia en el mercado, llegando a convertirse en una auténtica barrera a la entrada para los nuevos operadores así como un obstáculo de la actividad de los operadores ya presentes en el mercado".
Todo ello afectará especialmente a las plataformas digitales de pequeñas dimensiones, para aquellas que acaban de introducirse en el mercado y para aquellas que pretenden entrar en el mercado con un modelo de negocio innovador y diferenciado.
Este organismo avisa de que las restricciones a la competencia que incorpora este Real Decreto preocupan especialmente a la Acco dado el peso de esta actividad en Catalunya, en especial en el entorno de Barcelona, "como un importante 'hub' tecnológico del sur de Europa y por referirse a un subsector muy relevante en el ámbito de los servicios en Catalunya, como es el turismo.
La Acco advierte también de que se desatiende su recomendación del 2014 en su documento 'Transacciones entre iguales (p2p) y la competencia' sobre la necesidad de que "la actuación de los poderes públicos debería propiciar un entorno de mercado flexible que posibilite el desarrollo de la actividad de estos 'marketplaces', por lo que las restricciones a la competencia (entendidas como barreras a la entrada o requisitos para el ejercicio y desarrollo de la actividad por parte de los nuevos oferentes) sean únicamente las necesarias y proporcionadas".
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