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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Montoro prepara un perdón 'a la irlandesa' de deuda autonómica

Hacienda plantea alargar plazos y bajar tipos como hizo el BCE con Irlanda

Expertos estiman que llevar el plazo a 40 años puede ser igual a una quita del 25%

Rosa Maria Sánchez

El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, en un encuentro en el ministerio en enero.

El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, en un encuentro en el ministerio en enero. / JOSÉ LUIS ROCA

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prepara un mecanismo de perdón parcial de la deuda autonómica contraída con el Estado a través de una fórmula que pueda ser digerible por los barones del PP que rechazan aplicar “quitas” en las cantidades adeudadas y que previenen contra cualquier intento de trato favorable hacia las comunidades que pudieran no haber hecho sus deberes durante la crisis. El mecanismo que ultima Hacienda, pasa por alargar plazos de la deuda y bajar tipos de interés, tal como hizo el propio Banco Central Europeo con Irlanda en el 2013 sin provocar demasiado ruido. Hay expertos que estima que alargar de 10 a  40 años el plazo de la deuda y bajar en medio punto el tipo de interés puede equivaler a una quita de la deuda del 25% en determinados supuestos de tasa de descuento, según cálculos orientativos de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

El presidente del BCE, Mario Draghi, negoció en febrero del 2013 con Irlanda una permuta de deuda a menos de 10 años por otra a 32 años de media, a un tipo de interés menor. Irlanda, que tenía contraída con el BCE una deuda de  31.000 millones, logró ahorrar “miles de millones”, según dijo entonces su primer ministro, y todo ello de una forma indolora, sin violar presuntas reglas europeas contrarias al perdón de deudas y sin provocar crítica alguna de ninguno de los halcones europeos de la austeridad.

Resultado equivalente a una quita

Este es el modelo que parece estar presente en los planes de Montoro a tenor de lo expresado este miércoles en la misma tribuna del Congreso de los Diputados. El foco se sitúa sobre la deuda actual de casi 160.000 millones de euros -según los últimos datos del Banco de España- de las comunidades con el Estado a través los mecanismos de rescate arbitrados por el Estado desde el 2012 en forma de fondo de liquidez autonómica (FLA) o de plan de pago a proveedores (PPP), sobre todo.

“No hay quitas posibles”, dijo Montoro en el Congreso, lanzando así un mensaje tranquilizador a los barones más críticos del PP, como el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Frente a esta opción Montoro habló de alargar los plazos de vencimiento de la deuda autonómica contraída con el Estado (en la actualidad es de 10 años) y de renegociar "las condiciones financieras", en alusión a posibles recortes en los ya muy bajos tipos de interés de estas emisiones.

“El resultado puede ser equivalente al de una quita, si bien es un método menos transparente”, explica Salvador Jiménez, consultor de Análisis Económico y Mercados de AFI. Desde un punto de vista puramente financiero, la necesidad de algún tipo de reestructuración en las comunidades más endeudadas es evidente para Salvador Jiménez si el objetivo que se persigue es que todas ellas puedan volver a financiarse en un futuro próximo en los mercados financieros, y no a través del Estado.

El dinero nuevo está en la deuda

El debate sobre la reestructuración de la deuda autonómica forma parte de la negociación pendientes de un nuevo modelo de financiación territorial en la que Hacienda está haciendo valer los nuevos recursos proporcionados por la propia recuperación económica. Solo en el 2017 la recaudación tributaria subió en 12.000 millones.

Hacienda se resiste a poner recursos adicionales sobre la mesa. Montoro prefiere hacer llegar a las autonomías el oxígeno que demandan por la vía de ahorros en su carga financiera anual vinculada a la deuda. Hacienda interpreta que en un contexto como el actual —las autonomías situarán muy pronto sus cuentas en equilibrio, sin necesidad de emitir nueva deuda, y la regla de gasto impedirá a las comunidades aplicar a partidas sociales posibles recursos adicionales— la única manera eficaz de permitir a las comunidades un mayor gasto en sanidad, educación o servicios sociales es aligerar su carga de gastos financieros. El lema parecer ser “el dinero nuevo está en la deuda”, y ahí entra en juego su reestructuración.

Comunidades infrafinanciadas

El ministro vincula la reestructuración de la deuda, con el perdón que ello supone, a los casos de “infrafinanciación” sufrida por algunas comunidades en los últimos años por efecto de los propios modelos de asignación de recursos, que favorecieron más a unas autonomías que a otras. Se trata de neutralizar la crítica de que se premia a las comunidades derrochadoras y se castiga a los buenos gestores, como viene a argumentar Núñez Feijóo en el PP y algunos de los barones socialistas críticos con la propuesta del catalán Miquel Iceta de condonar deuda a las comunidades que han hecho un “esfuerzo excesivo”.

Existe plena coincidencia en que Valencia es un caso claro de infrafinanciación. Los datos oficiales también permiten llegar a esta conclusión en los casos de Catalunya, Baleares, Murcia y Castilla La Mancha. El problema, según fuentes de Hacienda, reside en poner cifra a esa infrafinanciación acumulada antes de justificar alguna forma de compensación a esas comunidades.

Los expertos autonómicos, a favor de reestructurar deuda 

Una parte mayoritaria de los expertos designados por los gobiernos autonómicos con el fin de elaborar un informe para la reforma del modelo de financiación -presentado en julio- aceptó entre sus recomendaciones (con el voto particular en contra de Madrid) que “podría ser aconsejable acometer una reestructuración transparente de la deuda de las comunidades autónomas con el Estado, supervisada por el Banco de España y la Airef, ampliando los plazos de forma razonable, añadiendo en su caso nuevos períodos de carencia y fijando unos tipos de interés favorables, que en ningún caso podrían suponer una bonificación respecto del coste medio de la deuda del Estado”.  

Una parte minoritaria de estos expertos abogó directamente por una quita que “debería evitar, en todo caso” cubrir la parte de deuda derivada de una mala gestión del gasto.

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