El informe clave para intervenir el Popular se hizo deprisa y corriendo

La consultora Deloitte, a quien la Junta Única de Resolución (JUR) encargó la elaboración de un informe independiente clave para evaluar cuánto valía el Banco Popular, tuvo únicamente 12 días para hacer el trabajo. Un plazo “extremadamente breve” en el que no tuvieron acceso “a determinada información crítica”, durante el cual apenas pudieron discutir con auditores, supervisores, gestores y otras instituciones afectadas y cuyo resultado fue, por tanto, una valoración con “un nivel elevado de incertidumbre”.

Es lo que asegura la firma auditoria en la carta introductoria del informe cuya versión no confidencial ha publicado este viernes la JUR, que hasta ahora se había resistido a dar a conocer el contenido del mismo. El Panel de Apelación del organismo instó a desclasificar el contenido el pasado 28 de noviembre tras varias quejas. El informe, aunque se ha publicado con muchos pasajes tachados y borrados para proteger la confidencialidad, es importante porque fue el documento clave en el que el Banco Central Europeo basó su decisión de declarar a la entidad “en quiebra o riesgo de quiebra” durante la madrugada del 6 de junio y que llevó a que miles de accionistas e inversores perdieran su dinero con la resolución.

Según ha revelado ahora Deloitte, las autoridades europeas les obligaron a redactar el documento en doce días desde que tuvieron acceso a la información relevante cuando normalmente “un proyecto de esta naturaleza requiere de al menos seis semanas”, tal y como inicialmente había acordado la JUR con la firma el 23 de mayo de 2017. Esta premura obligó a la consultora a “priorizar estrictamente” la revisión únicamente de la información disponible –con fecha al 31 de marzo de 2017- en relación a los activos y pasivos del Popular.

“No hemos tenido acceso a cierta información crítica. También hemos tenido una oportunidad limitada para discutir nuestras conclusiones con la dirección, los auditores, los supervisores y otros familiarizados con la institución. En ningún caso hubiera sido posible realizar una evaluación plena de toda la información necesaria para completar con diligencia el ejercicio debido al tiempo disponible”, señala el informe. Por tanto, continúa, “la valoración tiene un elevado nivel de incertidumbre”, avisan.

La JUR se defiende

La JUR se defiende. Insiste en que nada hacía prever que el Popular pudiera llegar a quebrar tan pronto y que en todo caso el marco regulatorio ya prevé la posibilidad de realizar valoraciones con carácter de urgencia. “Nos vimos forzados a pedir a Deloitte que acortara los plazos. El resultado es sólido dados los problemas”, aseguran sobre el informe que sirvió para evaluar el precio del Banco y posteriormente determinar si el 1 euro ofrecido por el Banco Santander era razonable.

El documento constata algo que ya era de dominio público, que la horquilla del coste de la resolución se situó entre los 1.300 millones en un escenario optimista y los -8.500 millones del más negativo, con un escenario base de -2.000 millones que fue a la postre el que se utilizó. Pero además revela que el agujero de la entidad se situaba entre los 11.800 millones en el escenario más favorable y los 20.600 en el peor posible con una media de 14.700 millones. Es decir, en los tres casos el agujero era superior a los fondos propios del banco -10.800 millones- con lo que más allá de los problemas de acceso a liquidez había un problema de solvencia.

El BCE impone silencio

Determinadas partes del esperado informe seguirán, sin embargo, siendo secretas entre ellas toda la información relativa a las garantías con las que contaba el Popular y detalles como la liquidez de emergencia (ELA) a la que tuvo acceso la entidad en los últimos días o el montante de la salida de depósitos. La justificación esgrimida por fuentes de este organismo es que el Banco Central Europeo ha optado por no revelar esta información porque “reduciría la efectividad de la ELA como herramienta para mantener la estabilidad” en la Eurozona y podría comprometer su actuación en el futuro.

Un oscurantismo que recientemente ha criticado con dureza el Tribunal de Cuentas Europeo que en un informe publicado a mediados de enero acusó a la entidad que dirige Mario Draghi de impedirles el acceso a información y documentación necesaria para analizar si la entidad ha sido eficiente en la gestión de la crisis.

Además del informe Deloitte, la batería de documentación publicada por la JUR también incluye su propio informe de valoración, el plan de resolución 2016, la carta del proceso de venta al FROB del 6 de junio así como el informe de valoración realizado por la propia JUR, entre otros. Según el mismo, a 5 de junio de 2017 -día y medio antes de que cayera la entidad- del informe provisional no se desprendía que el banco fuera insolvente. Es más, si se desencadenó el procedimiento de resolución fue como consecuencia de la "significativa" salida de depósitos. Esta evaluación, lo mismo que la de Deloitte, tiene numerosos párrafos tachados que impiden conocer a cuánto ascendió exactamente la fuga de capitales y lo rápido del deterioro.