ATLL: Privatización pasada por agua

La mayor privatización acometida por la Generalitat, la de Aigües Ter Llobregat (ATLL), gestionada desde el 1 de enero del 2013 por Acciona tras ganar un concurso público en el 2012, pende de un hilo. La sala tercera del Tribunal Supremo iniciará el martes las deliberaciones sobre dos recursos de casación, uno de ellos de la Generalitat, que pueden desembocar en la anulación de la licitación, tal como estableció el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 22 de junio del 2015Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

A esta sesión le seguirá otro debate de los magistrados de otros dos recursos, los de Acciona y la sociedad concesionaria, ATLL, el próximo 6 de febrero para acordar una sentencia, así como otro planteado por la compañía que perdió el concurso, Aigües de Barcelona (Agbar). Esta compañía inició una batalla jurídica después de que el que era el organismo arbitral de la Generalitat para los concursos públicos, el OARCC, le diera la razón el 2 de enero del 2013, al entender que Acciona debería haber quedado fuera de la licitación.

El contrato en cuestión reconoce una retribución financiera del 9,33% a la concesionaria durante 50 años

El TSJC invalidó el concurso en el que se adjudicó la compañía que abastece de agua al área metropolitana y otras comarcas colindantes con más de cuatro millones de habitantes «por la existencia de vicios en el procedimiento de licitación no imputables a los licitadores», según el fallo. El dictamen estimó parcialmente la petición de Acciona de evitar que se le excluyera de la gestión como establecía la resolución del OARCC, pero no satisfizo del todo a ninguna de las dos partes litigantes: no aclaró plenamente el horizonte para Acciona ni bendijo la posición de Agbar de que se le debía tranferir la gestión de ATLL.

Están en juego unos 1.000 millones que sirvieron para reducir en cinco décimas el déficit de una apurada la Generalitat en el 2012. Por eso el contrato se firmó el 27 de diciembre del 2012, con efectos desde las 23.59 horas del 31 de diciembre. En función del dictamen del Supremo, la administración catalana podría tener que pagar un mínimo de unos 300 millones a Acciona que, a su vez podría reclamar daños y perjuicios, si se le quita la gestión. En la cuenta general de la Generalitat del 2015 consta una provisión de 380,29 millones, más de lo que había anunciado públicamente, para cubrir el «riesgo» de que los tribunales decidan revolver el contrato.

Retribución financiera

Lo cierto es que el contrato de gestión limita mucho el margen para rebajar el precio del agua. En torno al 40% de la tarifa corresponde a la retribución financiera que recibe el concesionario (más de 60 millones cargados a las distribuidoras de agua sobre una tarifa mayorista de casi 160 millones). La retribución es del 9,33% por los 50 años del contrato. No obstante, fuentes del sector aseguran que la retribución financiera efectiva es del 21% si se compara esta con el nivel de inversión realmente ejectutado.

Una primera parte de la remuneración se aplica sobre la cantidad efectivamente desembolsada por la concesionaria --que parte de los 298,7 millones pagados en el 2012--, de la que se restan las anualidades pagadas a la Generalitat y se suma el valor neto de las inversiones realizadas. En el 2017 fueron 27,4 millones con cargo a la tarifa mayorista, la que pagan las compañías distribuidoras, muchas de ellas municipales.

Pero además al resto del canon diferido (698,8 millones en 50 anualidades con un interés del 4,95%) se le aplica el 9,33%, con lo que la concesionaria obtiene un redimiento neto del 4,38%, que fueron otros 34,7 millones en el 2017. Se trata de la remuneración de una inversión aún no consumada y que en el sector se ve como un gancho adicional incluido en su día para hacer más atractiva para el sector privado una inversión que la Generalitat requería como agua de mayo y desembocó en una privatización encallada en los tribunales.

El Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat, a petición del consejo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) solicitó en diciembre que se revisen "los costes financieros" de la tarifa de suministro en alta para adaptarlos a la situació actual de los mercados financieros en la que un bono del Estado a 30 años apenas llega al 3%. La falta de Govern dificulta este tipo de medidas que requerirían además una modificación de las condiciones del contrato de adjudicación. Todo está ahora en manos, no tanto de Dios como del Supremo.