La Generalitat bloquea la refinanciación de Copisa

A finales del verano, la constructora catalana Copisa y la banca acreedora alcanzaron  un principio de acuerdo para refinanciar la deuda de la compañía (unos 300 millones de euros). Ese acuerdo implicaba, básicamente, la toma de control de la sociedad por parte de los acreedores. Pero, para ello, la constructora debía trasladar sus activos, incluidas las participaciones societarias a una nueva sociedad. Esa operación, sin embargo, ha sido bloqueada por la Generalitat de Catalunya, que tras la aplicación del artículo 155 no ha dado el visto bueno al traslado de activos que antes del empleo de esa medida se consideraba factible, según afirman fuentes financieras.

En el mencionado plan de financiación, Copisa --constructora de la familia Cornadó-- debía traspasar al nuevo vehículo las participaciones del 22% que posee en las concesionarias Cedinsa --sociedad concesionaria de las autopistas de la Generalitat, que comparte con FCC (34%) Comsa (22%) y Copcisa (22%)-; y en las que gestionan la Unidad Hospitalaria Penintenciaria de Terrassa, en la Ciudad de la Justicia de l'Hospitalet y en la Línea 9 del metro.

Pero la Generalitat de Catalunya, controlada ahora desde el Gobierno central, y responsable de las concesiones, no ha dado su aprobación aún a que las participaciones de Copia se trasladen a la nueva sociedad, lo que impide la viabilidad del plan de financiación acordado entre los acreedores y la constructora y que podría llevar a la sociedad a una situación de inestabilidad financiera. De hecho, en el acuerdo de refinanciación figura una cláusula de suspensión en la que se especifica que si la Generalitat no aprobaba el traspaso de esos activos, el acuerdo no entraría en vigor. Esa cláusula expiraba en el mes de octubre del 2017, con lo que los bancos dan ya por concluido el plazo y el acuerdo mismo.

Retraso en las autorizaciones

Copisa, por su parte, ha señalado que los trámites burocráticos para trasladar las concesiones de Copisa a su filial Concesionaria Mediterránea, en la que los bancos tendrá el control de la gestión, se han retrasado respecto al calendario previsto "debido a la tramitación de autorizaciones pertinentes". E insiste en que para formalizar la operación se requieren autorizaciones de la "Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de los bancos financiadores de las concesiones, de los socios de cada una de las concesiones y de la Administración". En este sentido, se dice que se espera finalizar los trámites en "proximos meses", y mientras no se consigue seguiría en vigor la refinanciación vigente hasta agosto de 2018.

Acuerdo con la banca

La compañía y el sindicato de bancos formado por las principales entidades españolas (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankia) acordaron en agosto el canje de más de 200 millones de euros de deuda por acciones cuya amortización se realizará con los ingresos de las participaciones del grupo en cuatro concesiones (Cedinsa, Urbicsa, Ceal9 y Quatre Camins) propietarias de los activos mencionados anteriormente. Copisa debía conseguir así reducir su deuda hasta los 40 millones de euros. 

El acuerdo también establecía nuevas líneas de circulante y 'confirming' para favorecer y agilizar el pago a proveedores.  La compañía afirmó entonces que con esta operación conseguía la consolidación definitiva de su actividad en el mundo, principalmente en España, Europa, Centroamérica, Sudamérica y África. La actividad de la compañía se divide al 50% entre los trabajos en España y el resto del mundo; a cierre de 2016, Grupo Copisa, con sede en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), contaba con una cartera de obras pendiente de ejecución por valor de 643 millones de euros y una plantilla de 1.400 personas.