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DIÀLOGO SOCIAL

Rajoy busca el apoyo sindical para subir el salario mínimo en 3 años

La ministra de Empleo planteará este martes a los agentes sociales un alza del 4% para el 2018, la mitad que en el 2017, hasta los 735, 90 euros

Mercedes Jansa

España tiene el cuarto salario mínimo más bajo de la UE. / JOSÉ LUIS ROCA / ATLAS VÍDEO

Fátima Báñez, ministra de Empleo, informará este martes a los líderes sindicales Unai Sordo (CCOO) y Josep Maria Álvarez (UGT) y de las patronales Juan Rosell (CEOE) y Antonio Garamendi (CEPYME)  de la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) que el Gobierno aprobará el próximo día 29, en el último Consejo de Ministros del año. La previsión es que se incremente el 4% en el 2018 con lo que quedará en 735,90 euros mensuales, 28,3 euros más; y 130,10 euros por debajo de lo que exigen los sindicatos, que lo ven insuficiente.

Esta subida, la mitad de lo que ha crecido este año, ha sido adelantada por Mariano Rajoy en una entrevista en el diario 20 minutos,  y la ha inscrito en un acuerdo para los próximos tres años. El presidente del Gobierno confía en que las centrales acepten la propuesta, así como el PSOE, que le respaldó hace un año al reclamar un incremento del 8% a cambio de su voto favorable al objetivo de déficit y deuda para este ejercicio que se negociaba también en los mismos días en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Acercarse a los 1.000 euros

La propuesta del Ejecutivo está lejos de las reivindicaciones sindicales, que reclaman un incremento progresivo en los próximo años para que en el 2020 sea de 1.000 euros, esto es, el 60% del salario mediano, como marca la Carta Social Europea. Para el próximo año UGT y CCOO piden que el SMI quede en 886 euros.

Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, ha desvelado que la propuesta de subida escalonada del Ejecutivo supone además del 4% para el próximo año, un incremento del 6% en el 2019 y del 10% en el 2020, lo que llevará a que al finalizar este periodo el SMI llegue a los 860 euros al mes en 14 pagas.

Es la primera vez que el Gobierno se inclina por fijar el salario mínimo para varios años, tras estar prácticamente congelado desde el 2010 (el único año que se incrementó, el 2013, lo hizo el 0,2%) y en principio cuenta con el beneplácito de las centrales. Tanto en UGT como en CCOO ven en el planteamiento del Ejecutivo un sesgo electoralista ya que excepto el próximo año, los dos siguientes están repletos de citas con las urnas: locales y andaluzas en el 2019 y generales en el 2020 si se agota esta legislatura.

No obstante, las centrales acuden a la reunión del martes abiertas a la posibilidad de que haya un acuerdo plurianual porque su objetivo es recuperar el poder adquisitivo perdido por los recortes de la crisis y que las rentas reflejen el crecimiento económico.   

Vinculado al empleo

Para Rajoy los incrementos deben ser compatibles "con seguir creciendo y creando al menos 450.000 puestos de trabajo (al año)".

Esta condición es similar a la que hace un año expresó la patronal CEOE que cargó contra el acuerdo político entre PP y PSOE porque podría poner en riesgo el empleo, lo que parece que no ha sucedido a la vista de los últimos datos oficiales.

Sin embargo, en esta ocasión, la patronal ha sido más prudente, aunque no le gusta el camino abierto por el Ejecutivo con un porcentaje superior al que los empresarios están dispuestos a asumir en la negociación colectiva para sector privado.

La CEOE considera adecuado el planteamiento del Gobierno siempre y cuando no influya en la negociación colectiva, señala Servimedia de fuentes de la patronal. A este respecto Rajoy ha sido prudente y lo ha condicionado a la creación de empleo.

Por el contrario, José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que actúa como laboratorio de ideas la patronal advirtió este lunes que la subida del salario mínimo por encima de la productividad generará más temporalidad y empleo a tiempo parcial en las fases expansivas de la economía, como la actual, y paro en épocas de recesión.

La subida del SMI afecta a un grupo reducido de unas 150.000 personas y es un indicador indispensable para establecer becas, subvenciones y ayudas asistenciales.  

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