El traslado fiscal de Mercedes Benz hace temblar la hacienda vasca

El traslado de sede social y fiscal de 3.000 empresas fuera de Catalunya en poco más de dos meses es una amenaza para la recuperación económica catalana, aunque sin excesivas consecuencias para los ingresos tributarios de la Generalitat. En el País Vasco, sin embargo, el traslado fiscal de una sola empresa, como la fábrica de Mercedes Benz en Vitoria, sí puede llegar a suponer una fuerte sacudida para las arcas públicas de alrededor de 200 millones (cantidad equivalente al 25% de la recaudación total de Álava por IVA o al 1% de la recaudación total del Gobierno vasco).

En la Diputación Foral de Álava y en el propio Gobierno vasco se está a la espera de una negociación con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que sirva para compensar los perjuicios del agujero fiscal que puede desencadenar tal decisión empresarial. El retraso de esta negociación empieza a generar nerviosismo entre las autoridades vascas al tiempo que hay voces, como la del delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, que recuerdan que la posibilidad de merma recaudatoria forma parte del carácter del "riesgo unilateral" en el que se basa el modelo del Concierto Vasco, que el 'expresident' Artur Mas reclamaba para Catalunya en forma de "pacto fiscal". 

Las reglas del cupo

Mercedes Benz no es una empresa cualquiera en el País Vasco. La fábrica de furgonetas que la firma alemana posee en Vitoria da empleo a 4.500 personas, con una producción que representa el 3% del producto interior bruto (PIB). 

Tampoco se trata de una fuga fiscal. Al menos así lo explican desde la propia firma de vehículos, donde se presenta el traslado de obligaciones fiscales como simple consecuencia de la decisión adoptada en el 2016 por la matriz alemana Daimler AG de reorganizar sus filiales en el extranjero separando sus unidades de negocio en sociedades independientes. "La central no actúa por motivos fiscales ni politicos, sino estratégicos", afirman fuentes de la compañía.

Y no se trata de una comunidad autónoma de régimen común. En Euskadi rigen las leyes del Concierto y del Cupo vasco que, básicamente, implican que las haciendas forales recaudan todos los impuestos y luego pagan al Estado una cantidad (cupo) por las competencias no asumidas (como Defensa). Precisamente esta semana se ha aprobado en el Senado definitivamente la nueva ley del Concierto Vasco para el quinquenio 2017 al 2021 con los únicos votos en contra de Ciudadanos y Compromís, para quienes el cupo consagra un régimen de privilegios para los territorios forales (País Vasco y Navarra), que no contribuyen como las demás a la solidaridad con el resto del territorio. 

Al hilo de este debate, los parlamentarios vascos han subrayado el carácter "unilateral" del modelo, que lleva a que Euskadi tenga que encajar los vaivenes de la recaudación "sin posibilidad de acudir al rescate del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)" que sí ha  beneficiado a otras autonomías.  Por eso despierta interés conocer si la solución para el ‘caso Mercedes’ tomará, o no, ribetes de rescate financiero del Gobierno central.

Existe el antecedente de Navarra y su deuda pendiente de pago a Hacienda por el IVA relacionado con la fábrica de Volkswagen en Landaben. Aquella negociación se saldó a favor de las demandas navarras con una solución que fue interpretada por muchos como un rescate en toda regla.

Compromiso público

El pasado 3 de mayo, el Gobierno vasco anunciaba en su página web el acuerdo entre el consejero Pedro Azpiazu y el ministro Montoro para zanjar las discrepancias sobre el cupo en un contexto en el que el PP necesitada los votos del PNV para la aprobación de los Presupuestos del Estado del 2017. En ese comunicado también se daba cuenta de la "creación de un grupo de trabajo integrado por el Gobierno de España, el Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales para analizar los efectos tributarios del cambio de operativa de Mercedes Benz SA, que debe concluir su trabajo antes del 30 de septiembre". 

La negociación parece no haber avanzado y se ha llegado a un momento en el que el Gobierno vuelve a precisar el apoyo del PNV, para los Presupuestos del 2018.

Fuentes de la Diputación de Álava explican que están a la espera de empezar a negociar con el ministro Montoro alguna de las "tres propuestas técnicas" que la parte vasca ha puesto sobre la mesa. Avanzan que son propuestas que no implican cambios en las bases de las leyes vascas recientemente aprobadas y que forman parte de una negociación "a tres" en la que también estaría implicada la propia multinacional. La adscripción de la factoría de Vitoria a una macrodivisión conjunta de turismos y furgonetas -adonde apuntan los movimientos societarios más recientes de la matriz alemana- podría abrir una vía de salida al conflicto.