La medidas para proteger a los deudores hipotecarios han beneficiado a 88.000 familias

Unas 88.000 familias en riesgo de exclusión se han beneficiado de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para proteger a los hipotecados, que han permitido evitar más de 27.800 desahucios y asignar más de 9.000 viviendas a los colectivos más desfavorecidos, según los datos que maneja el Ministerio de Economía y que ha dado a conocer este miércoles en un comunicado. El número de hogares que han podido reestructura sus hipoteca asciende a  51.071, y la banca ha aceptado que 7.456 familias entregaran las llaves de su casa para saldar su deuda, lo que se conoce como dación en pago.

En estos cinco años, el Código de Buenas Prácticas promovido por el Ejecutivo y al que se acogió buena parte del sector financiero, ha permitido que en 43.607 ocasiones los bancos hayan modificado las condiciones de pago de la hipoteca para hacerla más llevadera. En otros ocho casos, los bancos han optado por aplicar una quita como la forma más útil de aliviar la carga a los hipotecados, atendiendo a las recomendaciones que impulsó el Gobierno.

Pero además de quitas, reestructuraciones de la hipoteca y daciones en pago, 9.000 familias han conseguido un alquiler a precio reducido de una de las viviendas que la banca aportó para constituir el Fondo Social de Vivienda y se han suspendido 27.800 desahucios.

Al margen de estos datos, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha señalado en el Congreso que la reducción de las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual (un 60% menos entre julio y septiembre respecto a un año antes) "está siendo espectacular". De Guindos achaca esta reducción en gran medida a las iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo desde el 2012 para proteger a los deudores hipotecarios más afectados por la crisis y a la "vigorosa recuperación económica, caracterizada por una intensa creación de empleo".

Código para frenar desahucios

El Código de Buenas Prácticas fue una de las medidas estrellas del ministro de Economía para frenar el drama de los desahucios a poco de llegar al Gobierno, pues se firmó en marzo del 2012 con la práctica totalidad de los bancos. El Ejecutivo impulsó este código inicialmente durante dos años para las entidades firmantes, con el objetivo de dar solución a las familias con dificultades para pagar sus hipotecas por estar en paro o directamente sin ingresos.

El número de lanzamientos fruto de ejecuciones hipotecarias cayó un 18,7% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, lo que supone la novena caída trimestral consecutiva, hasta 4.063, según los datos hechos públicos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por el contrario, los procedimientos derivados de la ley de arrendamientos urbanos (LAU) aumentaron en el tercer trimestre, concretamente, un 4,2%, hasta 6.969.

El total de lanzamientos registrados en el tercer trimestre alcanzó los 11.581, un 4,7% menos que un año antes, de los que el 60,2% correspondió a los derivados de la LAU, el 35,1% a ejecuciones hipotecarias y el resto, 549, obedecieron a otras causas.

La comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos durante el tercer trimestre fue Catalunya, con el 22% del total (2.545 procedimientos), seguida por Andalucía (1.982), Comunidad Valenciana (1.463) y Comunidad de Madrid (1.255). Estas cuatro regiones sumaron el 62,6% del total nacional.