junta única de resolución

El Congreso afea al JUR que no conteste sus preguntas sobre el Popular

Europa lamenta la "fiesta para los abogados" en que se ha convertido el Banco Popular

Agencia del Banco Popular en Vilanova i la Geltrú, a principios de junio de este año.

Agencia del Banco Popular en Vilanova i la Geltrú, a principios de junio de este año.

P. Allendesalazar

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En un gesto sin precedentes, Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria y presidenta de la comisión de investigación de la crisis financiera en el Congreso, ha afeado este lunes en términos muy duros a la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR) europea, Elke König, que no haya contestado "prácticamente ninguna pregunta" que le han formulado los grupos parlamentarios durante su comparecencia en dicha comisión.

"Ha desperdiciado una ocasión única para dar tranquilidad a 300.000 accionistas del Banco Popular y para decir que las cosas se hicieron bien y haber aclarado muchas cuestiones", le ha espetado al concluir su intervención y cuando König aún estaba sentada a su vera. Oramas, así, se ha hecho eco del descontento de todos los grupos presentes (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y PNV) por las respuestas de la alemana. 

Lo más polémico ha resultado su defensa de la decisión del JUR de no desvelar en su totalidad el informe de valoración del Popular que encargó a Deloitte como base de la intervención y al que la institución ha negado acceso al Congreso por dos veces. En su día, se desveló que daba un valor negativo al banco español de 8.200 y 2.000 millones de euros según el escenario, pero se omitió que también calculaba 1.500 millones positivos en un escenario benigno. La publicación de todo el documento, ha argumentado, iría contra la estabilidad financiera y contra los intereses del Santander.

También ha desvelado que antes de final de año, la JUR publicará en su web una versión censurada del informe pero con más información que la incluida en la primera versión hecha pública, como le ha obligado una decisión reciente del panel de apelación de la institución. Asimismo, ha reiterado que a principios del 2018, se publicará otro informe de un valorador independiente sobre si el coste para los acreedores hubiera sido menor de haberse llevado la entidad por el procedimiento ordinario de concurso, algo que ha deseado que no ocurra y que llevaría al JUR a compensarles la diferencia. 

El Santander puso el precio

La alemana ha negado que hubiera un "acuerdo prefabricado o prestablecido" con el Gobierno o el Santander para invervenir el Popular. Asimismo, ha defendido que se "debe distinguir la valoración del precio de compra" (el euro pagado por el Santander, que posteriormente tuvo que hacer un ampliación de capital de 7.000 millones para sanear la entidad).

"El precio no se establece por el JUR sobre la base del informe de valoración, sino por el comprador en base a un proceso de venta competitivo. El precio ofrecido por el comprador es un reflejo de la percepción del mercado sobre el valor de los instrumentos transferidos; esto determina el precio a pagar a los anteriores propietarios", ha argumentado, en referencia a los más de 300.000 accionistas y bonistas, que perdieron todo su dinero.

Precio correcto

"El precio ofrecido de un euro se consideró acorde con los términos comerciales que eran apropiados a la luz de la valoración realizada por el valorador independiente y dadas las circunstancias del caso", ha añadido antes de defender que hacer público todo el informe de Deloitte (que se ha negado a facilitar al Congreso) "podría menoscabar el interés público". El documento, ha argumentado, contiene informaciones comerciales "confidenciales" del Popular y pistas sobre cómo se planifica y elige la estrategia de resolución por parte de las autoridades. 

Durante su intervención, König había defendido la intervención del Popular y venta al Santander por un euro en junio sin atisbo de autocrítica. La medida, ha argumentado, garantizó la estabilidad del sector financiero español "de manera adecuada y oportuna en un plazo muy breve, sin pérdidas para los depositantes ni los contribuyentes y con una buena coordinación entre todas las autoridades nacionales y de la UE involucradas". También ha lamentado que el caso se haya convertido en una "fiesta para los abogados" en forma de demandas.