efectos de la política económica

Tensión en Correos ante la falta de apoyo presupuestario

Los sindicatos advierten de movilizaciones si los Presupuestos del 2018 no cubren los costes del servicio universal

Paquetes a la espera de ser distribuidos en las dependencias de Correos en la Zona Franca, el pasado viernes.

Paquetes a la espera de ser distribuidos en las dependencias de Correos en la Zona Franca, el pasado viernes.

Eduardo López Alonso

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Correos exige recursos públicos. La empresa pública postal vuelve a sentirse discriminada en los Presupuestos y los representantes de los trabajadores alertan de que el servicio se resentirá si el Gobierno de Mariano Rajoy no destina dinero suficiente para mantener la estructura de la compañía. La 'política de brazos caídos' impuesta por el Ejecutivo del PP está situando al operador postal en una situación de bloqueo, pérdida progresiva de ingresos y situación financiera comprometida, según los sindicatos y los principales partidos de la oposición. Correos cuenta con casi 9.000 puntos de atención al público --2.400 oficinas y 6.600 servicios rurales--, 13.500 vehículos y 57.000 trabajadores. 

Beneficiar a empresas privadas

Los sindicatos CCOO y UGT han alertado de que el estrangulamiento financiero de Corros parece una estrategia dirigida a "desmantelar" el servicio postal universal, un servicio público que presta Correos para hacer llegar los envíos a todas las poblaciones. Los responsables del sector postal en CCOO y en UGT de Catalunya, Benjamín Momblant y José Feijoo, recordaron esta semana en un acto ante la prensa que la previsión en los Presupuestos Generales del Estado del 2018 para la prestación de este servicio es de 60 millones de euros, mientras que en el 2015 fue de 180 millones. Los sindicatos calculan que son necesarios más de 200 millones para prestar un servicio adecuado. Los grandes beneficiados de ese recorte presupuestario son las compañías privadas de correo. 

Repercusión de los recortes

Según los sindicatos, en la provincia de Barcelona, por ejemplo, el recorte de la financiación y el bloqueo del plan estratégico para diversificar la actividad de Correos puede afectar a unos 500 puestos de trabajo, así como una creciente desatención del servicio en zonas rurales. Se da la circunstancia de que como consecuencia del auge de internet, el servicio de envíos de pequeños paquetes tiende a aumentar, y en general el mercado de los envíos se ha beneficiado en los últimos años de una manera insospechada del auge del comercio 'on line' asegurando la viabilidad económica de la actividad postal en el futuro. Pese a ello, el apoyo presupuestario público es imprescindible para ofrecer un servicio universal.   

Zonas rurales

En la provincia de Barcelona hay 311 municipios, de los cuales 250 están en zonas rurales. Ofrecer un servicio postal regular a esos municipios requiere apoyo público para no ser deficitario.  Los sindicatos lamentan que en los últimos cinco años, Correos ha recortado miles de puestos de trabajo en el conjunto de España, de los cuales alrededor de 1.500 correspondieron a Catalunya.

Convocatoria de huelgas

Si se mantiene el recorte en los Presupuestos, los sindicatos han advertido de que se convocarán movilizaciones y huelgas. Ante la situación, el Gobierno parece haberse quedado solo en la estrategia de recortes públicos en materia postal. El PSOE considera que el Gobierno está "poniendo en riesgo" a Correos tras confirmarse que su plantilla se ha recortado más de un 15,6% en cinco años, al perder entre 2011 y 2016 un total de 9.182 trabajadores.

Correos llega al Parlamento

En una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press, el Ministerio de Fomento detalla que desde el 2011 la plantilla de Correos ha ido descendiendo de forma paulatina, ya que en diciembre del 2012 pasó a ser de 55.775 trabajadores (frente a los 58.967 empleados 12 meses atrás), en el 2013 era de 53.264, en el 2014 de 51.275, en el 2015 de 50.153, y en el 2016 de 49.785 empleados. Un descenso acumulado de 9.182 trabajadores en seis años que el diputado socialista Miguel Ángel Heredia, autor de la pregunta, calificó como "tajo" a esta empresa pública, y una muestra de la política de derechas que quiere "cargarse los servicios públicos".