Cambio de rumbo en la industria

Las estructuras de Estado que el Govern decía que estaba preparando durante la legislatura que finaliza ahora han incluido también las bases de un cambio de ciclo en la industria catalana. En este caso, la nueva estructura creada sí ha sido efectiva y permite al sector productivo visualizar un horizonte de política industrial acordada que rompe una larga travesía por la unilateralidad en esta materia de anteriores gobiernos de la Generalitat.

La presentación en sociedad y firma solemne del Pacto Nacional por la Industria el pasado 24 de julio en el Palau de la Generalitat culminó un giro en la política de la Generalitat aplicada en el sector, que en los años anteriores se hizo de espaldas a las demandas de las patronales, los sindicatos y otros agentes como universidades y colegios profesionales. La llegada de Carles Puigdemont al nuevo Govern en enero del 2016 supuso un cambio en las tensas relaciones que mantenía Artur Mas y su 'conseller' de Empresa, Felip Puig, con el sector. 

El pacto industrial prevé una inversión de más de 1.800 millones hasta el 2020

La apuesta por el diálogo social del Govern se centró en el pacto industrial junto con la renta mínima como banderas más visibles. Jordi Baiget empezó a actuar como el 'conseller' pacificador y del diálogo al reconstruir los puentes del Ejecutivo catalán con los agentes del sector productivo. El fruto de ese diálogo fue un pacto que prevé una inversión de más de 1.800 millones de euros hasta el 2020 repartidos en 116 medidas que incluyen los ámbitos ce la competitividad y empleo, la dimensión empresarial y la financiación, la industria 4.0, la formación, infraestructuras y energía y sostenibilidad, así como mecanismos para consensuar la hoja de ruta industrial.

"Por primera vez en mucho tiempo, hay consenso político y social en la defensa de la industria como forma más sólida de crecer y de crear puestos de trabajo", indicó Puigdemont después de estampar su firma en el pacto.

La fase final de la negociación del pacto se vio salpicada abruptamente con las secuelas del órdago independentista con el cese del 'conseller' Jordi Baiget y su relevo por Santi Vila, que a su vez dimitió antes de que el Parlament aprobara la declaración unilateral de independencia (DUI) al haber fracasado la vía dialogada que planteaba para evitar el choque institucional. Baiget tuvo que salir del Govern justo en el momento en el que el pacto estaba a punto de caramelo. Santi Vila se llevó las mieles de los actos institucionales que pusieron el broche el acuerdo.  

Presión de los agentes sociales

El viraje del Govern en el terreno industrial no surgió como una seta en la campiña, sino que fue el resultado de la presión de los agentes sociales unidos en la plataforma +Indústria. De hecho, las 116 medidas del pacto recogen en buena parte las propuestas de los sindicatos, las patronales, colegios profesionales y universidades. El primer paso fue la aprobación por unanimidad en el Parlament de una resolución que instaba al Govern a rectificar su rumbo y a escuchar al sector. 

Pero el momento dulce tras la firma del pacto duró poco. En octubre, después de la celebración del referéndum sobre la independencia declarado ilegal por el Gobierno central, se inició una avalancha de empresas que decidieron trasladar su sede social fuera de Catalunya. Las últimas cifras indican que han sido casi 3.000 las firmas que han movido la ubicación legal de su sede social como mecanismo defensivo. 

El Govern invirtió 1,2 millones en ampliar las embajadas económicas hasta llegar a 42 centros

La fuga de empresas obligó a Vila a convocar de urgencia un gabinete de crisis con sindicatos y patronales, que hicieron un llamamiento conjunto a la calma y a evitar decisiones empresariales potencialmente negativas para el tejido productivo y económico y el empleo. El llamamiento tuvo escaso eco a juzgar por la intensificación del proceso de huida de sedes empresariales en las semanas siguientes.  

Uno de los argumentos que utilizó Vila para intentar taponar las fugas fue la evolución positiva de la economía y del sector industrial. Hasta el segundo trimestre de este año, el producto interior bruto (PIB) de la industria creció un 2,9% en términos interanuales, una décima menos que la media global de la economía catalana. Este crecimiento se sustenta en indicadores positivos como un incremento de la producción industrial del 7% hasta septiembre pasado, una mejora de la cifra de negocio de la industria del 3,4%. 

Las empresas de vocación exportadora y las que han empezado a vender en el extranjero como alternativa a la crisis siguen tirando de las exportaciones, que suben a un ritmo del 8,4% y suman el 25,6% del valor global de las ventas en el exterior de toda España. Como consecuencia del tirón de los productos catalanes fuera de España y de la actividad de las fábricas, el volumen de contenedores que entran o salen por el puerto de Barcelona crece 35%. 

La corta legislatura que finaliza con las elecciones del 21 de diciembre también se ha caracterizado en el ámbito de la industria por la apertura de nuevas embajadas económicas de la Generalitat en países en expansión en busca de inversiones. Los planes del Govern eran invertir 1,2 millones de euros en ampliar la red de oficinas de apoyo a las empresas y de captación de inversiones hasta alcanzar la cifra de 42 centros.