Ir a contenido

VARAPALO DE BRUSELAS

Bruselas pide una multa de 105.000 euros diarios por el retraso en aprobar la ley hipotecaria

El Gobierno de Mariano Rajoy debería haber puesto en marcha el marco legal en marzo del año pasado

El Periódico

El ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros. / JOSÉ LUIS ROCA

La Comisión Europea ha pedido al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que imponga a España una multa de 105.991 euros por cada día de retraso para reformar la ley hipotecaria, cuyo proyecto de ley el Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de noviembre y ahora tiene que superar los trámites correspondientes en el Congreso y en el Senado. Así se desprende del recurso presentado por el Ejecutivo comunitario ante la Justicia europea el pasado 27 de septiembre, en el que solicita que se imponga esta sanción diaria desde el momento en que el TJUE corrobore en una sentencia el incumplimiento de la obligación de adoptar o notificar las disposiciones necesarias para cumplir con la directiva sobre contratos de crédito. El Gobierno prevé que la ley entrará en vigor en enero, aunque podría acelerarse su puesta en vigor. 

Esta normativa europea debía haber sido traspuesta por los estados miembros a sus legislaciones nacionales antes del 21 de marzo del 2016. Bruselas abrió este procedimiento de infracción en mayo del 2015 y envió un dictamen motivado en noviembre del 2016 por la misma cuestión.

Multa coercitiva

Finalmente, la Comisión Europea denunció a España ante el TJUE en abril de este año, junto a Croacia, Chipre y Portugal, por retrasarse en su obligación de adaptar sus normativas nacionales a las disposiciones recogidas por la directiva europea. Por ello, Bruselas pide al TJUE que declare que España ha incumplido las obligaciones recogidas en esta legislación y propone que se imponga una multa "coercitiva" diaria de 105.991,60 euros. El importe, defiende el Ejecutivo comunitario, se ha calculado "teniendo en cuenta la gravedad y la duración de la infracción y el efecto disuasorio en función de la capacidad de pago" de España.

Consenso político

Cuando el Gobierno aprobó el  proyecto de ley el pasado 3 de noviembre, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad aseguró que la norma cuenta con un "amplio consenso político". 

0 Comentarios
cargando