¿Me da acceso a sus datos?

¿Estaría usted dispuesto a permitir a una empresa acceder a su cuenta bancaria para que le pueda ofrecer nuevos servicios de pago? En unas semanas puede que tenga que contestar a esta pregunta. El próximo enero entra en vigor una normativa europea que obligará a los bancos a compartir con terceros los datos de sus clientes siempre que estos lo autoricen, lo que está llamado a suponer una auténtica revolución en los pagos.

El Gobierno va con retraso y todavía no ha incorporado la directiva comunitaria de servicios de pago 2 (PSD2) a la legislación española, con lo que la novedad podría tardar algo más en estar en vigor en el país. Pero lo que está claro es que va a implicar un cambio profundo a medio plazo, ya que el objetivo fundamental de Bruselas es aumentar la competencia y la innovación en los servicios de pago.

Los bancos y otras entidades digitales registradas en el Banco de España podrán acceder en tiempo real a los datos bancarios de un particular o una empresa que lo autorice al firmar un contrato o al introducir sus credenciales de acceso a un servicio. Así, por ejemplo, podrán ofrecerle tener en una app del móvil todas sus cuentas reunidas y hacer una transferencia desde la que tenga más efectivo sin tener que entrar en las apps de cada entidad financiera para comprobarlo. El precio para el cliente, además, tendrá que ser igual al que el banco le hubiera cobrado de hacer la operación directamente a través del mismo.

Riegos y oportunidades

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Es, con todo, un ejemplo muy básico, pues se espera que en los próximos años el sector desarrolle nuevos servicios gracias al acceso al mayor acceso a la información. Las nuevas empresas financieras digitales (fintech) han aplaudido la norma, y los bancos tradicionales, para los que los datos de sus clientes son una auténtica mina de oro, se han mostrado muy reacios, pero han terminado por aceptar que tendrán que desarrollar sus propios servicios para no perderse este nuevo negocio.

El mayor problema, por el momento, es que la norma entrará en vigor en enero pero la nueva regulación de seguridad sobre el acceso a la información no se espera antes de septiembre del 2019. "El sistema actual exige una confianza muy alta del cliente con la firma a la que le cede sus credenciales", ha advertido este lunes Álvaro Martín, economista de regulación digital del servicio de estudios del BBVA. También admite que puede existir el riesgo de que el cliente no sepa que está dando acceso a sus datos, por lo que considera imprescindible que se le informe bien y de forma transparente.