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CONFLICTO

Patronales catalanas denuncian en Bruselas la tarifa eléctrica vasca

Organizaciones como Cecot afirman que el acuerdo entre el PP y el PNV solo beneficia a industrias de Euskadi y Andalucía

Agustí Sala

Un equipo técnico repara un poste de electricidad.

Un equipo técnico repara un poste de electricidad. / JOAN PUIG

Y la denominada 'tarifa eléctrica vasca' llega a Bruselas. Varias patronales catalanas, entre las que está Cecot, han interpuesto una denuncia por ayudas de Estado contra la estructura de los peajes eléctricos prevista por el Gobierno de Mariano Rajoy a partir del año que viene.

Estas organizaciones, que agrupan a más de 50.000 empresas, entienden que la medida, que forma parte del pacto presupuestario para el 2017 entre el PP y el PNV, solo beneficia a las industrias vascas y de Andalucía. Aseguran que "agrava aún más" la desigualdad con respecto a las empresas del resto de las autonomías.

Esta inciativa sigue la estela que marcó el Govern, actualmente cesado, que ofreció a las patronales y organizaciones empresariales asesoramiento y apoyo para que iniciaran el procedimiento de denuncia por ayudas de Estado ante las autoridades comunitarias.

El 43% más barata

Según estos colectivos, el resultado de esta decisión política es una estructura de tarifas que, "lejos de beneficiar por igual a las 5.800 empresas afectadas, solo tendrá incidencia en 1.250 de ellas, en su mayoría ubicadas en el País Vasco y Andalucía". En precios del 2016, "el beneficio consta de una reducción del 43% del coste del megavatio por hora (Mwh) para estas empresas".

Gracias al cambio, desaparece la tarifa 6.1B de tensiones entre 30 y 36 kilovoltios (KV), en la que estaba la industria vasca; y pasan a la nueva 6.2 (de 30 a 72,5 KV), que supone una rebaja del 43,3% respecto a la que tienen las empresas catalanas y de otras autonomías (que siguen en el tramo de uno a 30 KV).

Carta al ministro

El antiguo 'conseller' de Empresa, Jordi Baiget, ya reclamó por carta al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que evitara esta discriminación. Aragonès afirma que, en el actual clima político, se ve difícil lograr un acuerdo para solventar el problema. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMCya cuestionó la diferenciación tarifaria que se estableció en el 2013 de acuerdo también con el PNV y, en especial, que lo hiciera el antiguo ministerio de Industria.

Además de Cecot han presentado la denuncia la Associació d'Empreses i Propietaris de Can Roqueta (AEPCRO), Cecac-Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya, la Confederació Catalana de la Fusta, Centre Metal.lúrgic, Fderació Emrpesarial del Metall (FEM), Gremi de Tallers de Reparació i Venda d'Automòbils i Recanvis de Sabadell i Provínica de Barcelona, el Institut Industrial Tèxtil, Retailcat-Unió d'Empreses del Retail de Catalunya y la Unió Emrpesarial Metal.lúrgica.

Estas organizaciones empresariales consiederan que la decisión acordada entre el PP y el PNV es "únicamente de carácter político, que afecta a la competitividad de las empresas y atenta directamente contra la unidad de mercado, tan reclamada por parte de las fuerzas políticas del Congreso".

En la denuncia afirman que los cambios  comportan "una notable disminución del coste de adquisición de la electricidad para empresas ubicadas en determinadas regiones del Estado español". Los efectos de la medida, afirman, son "selectivos territorialmente" y "pueden constituir una ayuda de Estado en favor de las empresas beneficiadas, que compiten a nivel de todo el territorio comunitario.

Cecot emprendió la batalla contra estas medidas por diversas vías. En junio pasado planteó una queja ante el Síndic de Greuges, que este luego elevó al Defensor del Pueblo, que en la actualidad es Francisco Fernández Marugán. 

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